Mientras organizaciones ambientalistas y sociales, así como el gobierno federal, se congratulan por el decreto emitido el 31 de diciembre pasado que establece que de 2021 a 2024 se buscará sustituir el herbicida glifosato en la producción de alimentos y prohíbe el uso de maíz transgénico, la Red en Defensa del Maíz –que agrupa decenas de agrupaciones locales– consideró que el decreto no establece de manera explícita esa prohibición.

La red apunta que en el documento en ningún lado aparece la noción de que se está prohibiendo algo y sus fundamentos jurídicos son muy endebles, tan es así que ni siquiera se esclarece a qué sujetos se dirige, si realmente se quiere prohibir el maíz genéticamente modificado y el glifosato, la norma debe ser clara, breve y explícita prohibiendo su utilización.

En un análisis apunta que en el citado decreto se plantea un periodo de transición al 31 de enero de 2024 para lograr la sustitución total del glifosato. Indica que parece más un memorando interno que un decreto presidencial, ya que éste es una decisión, resolución o disposición dictada por una autoridad.

Luchas diversas

En cambio, el documento “abre un amplio espacio de ‘discrecionalidad’, de ambigüedad, pues nos dice que ocurrirán algunas acciones” de las dependencias involucradas. Agrega que glifosato y maíz genéticamente modificado no pueden subsumir la integralidad de una lucha que va desde la defensa territorial, pasa por la protección de las semillas nativas, procura la salud del entorno y busca lograr una soberanía alimentaria.

Entre los integrantes de la red están la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Vía Campesina México, Unorca Michoacán, Grupo Etc y Grain.

El Consejo Nacional Agropecuario impulsa una estrategia para atacar el decreto con la presentación de 10 amparos, además de que prevé argumentar a escala internacional que se incumple con acuerdos comerciales internacionales.

El glifosato se utiliza para el control de malezas y en 2015 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno; al menos mil 108 artículos científicos reportan daños a la salud y el medio ambiente, de acuerdo con la antología divulgada en 2020. Además, se ha reportado que hay malezas que se han hecho resistentes al herbicida, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.