Para el año 2052, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles podría trasladar a 53.4 por ciento de los pasajeros del país; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificar su análisis de costo-beneficio del proyecto, negociar rutas con las aerolíneas, revisar sus proyecciones y la distribución de la demanda de pasajeros para acreditar que sí existirá un beneficio social neto de la terminal y evitar que quede subutilizada.

La infraestructura aeroportuaria no atrae usuarios ni aerolíneas por sí misma, sino que para eso resulta necesario generar condiciones e incentivos que promuevan su uso, indica la ASF en la auditoría a la obra, como parte de la revisión a la cuenta pública 2019.

Movimiento en 3 terminales

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados detectó que aún existen obstáculos físicos que dificultarían las operaciones aéreas, falta un plan estratégico de infraestructura que facilite el traslado de pasajeros entre ese aeropuerto, el Benito Juárez y el de Toluca, y tampoco se definieron los destinos a los que se podrá viajar desde cada uno.

Para la ASF, las fallas en la planeación del nuevo aeropuerto podría generar que los pasajeros elijan la opción más cercana, porque al no existir conexión directa por carretera las vialidades actuales representan un recorrido conjunto de 115 kilómetros y sólo el traslado entre el Benito Juárez y el Felipe Ángeles sería de 58 minutos en promedio.

En sus análisis de costo-beneficio de marzo y diciembre de 2019, la Sedena estimó que la nueva terminal aérea, en su máxima etapa de operación para 2052, trasladará a 53.4 por ciento de pasajeros, por lo que sería la terminal más importante en el centro del país.

El Benito Juárez pasaría de 97.9 por ciento del tráfico de usuarios que atendió en 2019, a transportar 31.7 para 2052. En el caso del de Toluca, la auditoría identificó que deben realizar acciones que permitan ampliar su infraestructura a fin de que lo use 14.9 por ciento de viajantes para ese año.

Respecto a las operaciones simultáneas entre el aeropuerto de Santa Lucía y el Benito Juárez, la ASF precisó que si bien se realizó un estudio de aeronavegabilidad, no se hizo un análisis detallado sobre el espacio aéreo navegable con miras a evaluar el efecto o alteración de la construcción en los procedimientos operativos existentes y planificados e identificar medidas de mitigación para mejorar la navegación segura.

Tampoco se identificaron aspectos sobre la configuración del espacio aéreo a fin de que se realicen las operaciones tanto civiles como militares.

En el proyecto no se calcularon los costos en los que incurrirán las aerolíneas por los cambios necesarios para operar en el nuevo aeropuerto, entre otras nuevas rutas, características de las aeronaves con las que se prestará el servicio, el consumo de combustible y el personal a cargo del servicio.

Además de los costos implícitos en el rediseño del espacio aéreo de la zona metropolitana del valle de México y en la interoperabilidad entre las rutas de las tres instalaciones, está el costo para cambiar de una terminal a otra.

En el año de revisión, ni la Sedena ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se habían comunicado o negociado con las empresas con la finalidad de atraerlas y mantener su interés por realizar sus operaciones y definir sus rutas en Santa Lucía, detalló.