Diversas organizaciones civiles enviaron una carta al Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) para pedirle que evalúe el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que ésta ya no cumple con los estándares establecidos en los Principios de París.

La misiva –firmada por nueve colectivos, entre ellos el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, además de una veintena de expertos a título individual–, alerta sobre la falta de independencia de la CNDH ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las organizaciones señalaron, en primer lugar, que la actual ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, incumple los requisitos internacionales básicos al haber tenido una trayectoria en la militancia política del partido Morena, el cual se encuentra actualmente en el poder.

Esta designación, recalcaron, ha tenido como consecuencia la falta de independencia e imparcialidad al momento de pronunciarse sobre decisiones del Ejecutivo nacional, incluida su propuesta de militarización de diversos aspectos de la vida nacional, señalaron los grupos firmantes.

Asimismo, se ha traducido en “la falta de pronunciamientos por parte de la ombudsperson sobre declaraciones de altos funcionarios que atacan y estigmatizan a periodistas y personas defensoras”, incluido el propio López Obrador.

Por otra parte, las organizaciones lamentaron el recorte presupuestario que la titular de la CNDH impulsó en el organismo, ya que generó insuficiencia de recursos para su correcto desempeño, además de la ausencia de visitadores generales y del Consejo Consultivo de la Comisión.

Otro punto destacado por los colectivos y expertos es que en la gestión de Piedra Ibarra la agenda sobre desplazamiento forzado interno ha quedado completamente rezagada y no se le ha dado continuidad a los esfuerzos impulsados por reconocer el fenómeno.

Además, la CNDH no ha demostrado interés ni acercamiento con las autoridades, ni con organizaciones de la sociedad civil, para impulsar la presentación de los instrumentos de política pública en materia de derechos humanos.