Guadalajara, Jal., El alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, pidió licencia al cargo, luego de ser denunciado de solapar a un funcionario municipal por violentar sexualmente a una empleada del ayuntamiento, además de acosarla cuando la víctima fue a pedir su ayuda; mientras, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, grabó un video para festejar que, por fin, se va el edil de Movimiento Ciudadano (MC).

Quezada pidió permiso hasta el término de su gestión municipal a finales de septiembre, es decir, no regresará al puesto, luego de hacerse público que solapó al jefe de Padrón y Licencias, Efraín Martínez Íñiguez, quien fue denunciado por su secretaria, Diana, de hostigarla sexualmente, pero al intervenir el edil, en lugar de investigar la denuncia, también acosó a la mujer.

Alfaro festeja

Tras las reacciones públicas al conocerse la doble victimización de la empleada, el mandatario se sumó y pidió la salida de Quezada días atrás, por lo que este viernes, al conocer que solicitó licencia, subió un video donde festeja que deja el cargo.

Que este hecho, que inició con la valentía de Diana para levantar la voz, se quede como un mensaje muy claro de que en Jalisco no se tolera la violencia de género contra las mujeres, dijo el gobernador, quien también es integrante de MC. Sin embargo, Alfaro no comentó que Diana denunció a su acosador ante la Fiscalía del Estado desde marzo de 2020 y sólo hasta que el caso se hizo público este mes la dependencia retomó la carpeta de investigación.

Tampoco hizo alusión a los desplantes misóginos y del puñetazo que el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, propinó en 2019 a una vecina, ni habló de las dos denuncias por violencia política en razón de género que han interpuesto regidoras morenistas contra el edil de Poncitlán, Luis Miguel Núñez, ambos militantes de MC, que permanecen en sus cargos, y contra quienes se han emitido diversas medidas cautelares por sus excesos contra mujeres.

Álvarez, aunque ya no puede aspirar a la relección en Zapotlanejo, donde ha sido alcalde en tres administraciones –una por el PAN y dos por MC–, enfrenta tres resoluciones judiciales por violencia política contra una regidora, emitidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación.