Los subsidios que ha recibido Iberdrola del Estado mexicano a partir de la aprobación, en 2014, de la inversión privada en la industria eléctrica, equivalen a una tercera parte de los recursos que la empresa española ha invertido en el país hasta ahora, de acuerdo con información oficial.

Esa es apenas una parte de los subsidios y transferencias que compañías privadas han recibido desde que en 1992 comenzó a tomar forma la privatización del sector eléctrico, calculadas oficialmente en 412 mil 410 millones de pesos y que se derivan principalmente de los contratos firmados después de la aprobación de la reforma energética.

Al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica, derivada de la reforma constitucional que privatizó el sector energético mexicano el sexenio pasado, Iberdrola recibió subsidios por 56 mil 175 millones de pesos, según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta cantidad es equivalente a 37 por ciento de los 150 mil millones de pesos que oficialmente la compañía ha invertido en México, como lo informó en noviembre pasado, Hatsican Díaz Gatica, líder del equipo comercial de la firma española.

Entre 2016 y 2019, Iberdrola, el mayor productor privado de electricidad en el país, construyó cuatro plantas, cuya inversión alcanzó los mil 370 millones de dólares, que a precios actuales serían 20 mil millones de pesos.

La planta de ciclo combinado de El Carmen, en Nuevo León, entró en operación en 2019 y es la primera de la compañía cuya energía está destinada para la venta a clientes industriales en el mercado eléctrico mayorista (MEM).

La central de ciclo combinado Baja California III, que tuvo una inversión de 270 millones de dólares, tiene una capacidad de 314 megavatios, de los que 294 MW son suministrados a la CFE y los 20 restantes se venden en el MEM.

En 2016 entró en operaciones la planta de ciclo combinado Dulces Nombres II, la cual tuvo una inversión de 250 millones de dólares.

La nueva planta de Topolobampo III, ubicada en las cercanías de la ciudad de Ahome, Sinaloa, estaba programada para operar en 2020 y requería una inversión de alrededor de 400 millones de dólares.

Estos cuatro proyectos son considerados por la CFE como productores independientes de energía (PIE), es decir, son parte del problema que acusa la empresa estatal.

Iberdrola cuenta con 27 plantas en todo el territorio nacional. De ellas 13 son de ciclo combinado, cuatro de cogeneración, siete son parques eólicos y tres fotovoltáicos.

El problema no es nuevo, pues la CFE acusa que la sangría inició hace 25 años, cuando nació el primer productor independiente de energía que es la planta de ciclo combinado de Mérida III, que pertenece a la empresa AES. De entonces a la fecha, el costo para el Estado supera los 400 mil millones de pesos, de acuerdo con información hecha pública por la empresa estatal esta semana.

La CFE señaló que desde que entró en vigor la reforma energética está obligada a subsidiar a productores privados, costos e inversión creciente en la red nacional de transmisión.

En junio de 2015, Iberdrola y CFE, que era encabezada por Enrique Ochoa Reza, acordaron desarrollar proyectos energéticos. Ignacio Galán, presidente de la firma, comentó que dichas acciones respondían a los grandes ejes de la reforma energética emprendida por el presidente Peña Nieto.

El desglose de la sangría

Durante el sexenio pasado, Iberdrola se comprometió a invertir 5 mil millones de dólares, misma cantidad que también comprometió traer a México ya con Andrés Manuel López Obrador como jefe del Ejecutivo.

Los 412 mil 410 millones de pesos, que según CFE constituyen la sangría a que se ha sometido al Estado por la participación privada, se distribuyen de la siguiente manera: 52 mil 587 millones de pesos por tarifa creciente, a lo largo de los últimos 25 años; otros 88 mil 047 millones de pesos en el mismo lapso de tiempo y con cierre a septiembre de 2020, por riesgos cambiarios.

Se suman los subsidios directos, que prácticamente abarcan la mitad de los perjuicios que alega la empresa estatal, ascienden a 209 mil 130 millones de pesos, una cantidad calculada para el periodo de 2020 a 2024, también de acuerdo con información de la CFE.

A los daños a la nación por los contratos con productores externos, se suma el costo derivado del riesgo por inflación, calculado en 11 mil 568 millones de pesos desde 2000 a junio 2020; así como 60 mil 209 millones de pesos por bajo despacho entre 2020 y 2024.