De enero del año pasado a la fecha, la Procuraduría Social (Prosoc) recibió más de 10 mil denuncias por la realización de fiestas en conjuntos habitacionales, aunque en ningún caso se aplicó sanción alguna, señaló la titular de la dependencia, Patricia Ruiz Anchondo.

Explicó que por la suspensión de términos por la pandemia del Covid-19, las llamadas han sido canalizadas al 911 para iniciar el procedimiento correspondiente; además, se ha dado prioridad al exhorto a los condóiminos a suspender las reuniones ante el riesgo de contagios, lo cual, dijo, ha funcionado en la mayoría de los casos.

Dijo que la única acción que se ha emprendido por no cumplir con las medidas sanitarias fijadas por el semáforo epidemiológico, fue la clausura de un gimnasio dentro de un conjunto habitacional a petición de la Agencia de Protección Sanitaria.

Explicó que la suspensión de términos impide a la Prosoc hacer un acto presencial, aunque, agregó, ya se tienen digitalizados cinco trámites en la plataforma del gobierno electrónico de la Ciudad de México, relacionados principalmente con la realización de asambleas.

Por otra parte, Ruiz Anchondo informó que en 2020 se atendieron 611 unidades habitacionales como parte del programa de rescate, principalmente con obras relacionadas a la infraestructura hidráulica y sanitaria, así como de pintura e impermeabilización.

Agregó que este año se destinarán 240 millones de pesos para intervenir 850 conjuntos en las todas las alcaldías, salvo Milpa Alta, donde no hay unidades habitacionales; además, junto con la Comisión para la Reconstrucción se dará mantenimiento mayor a las que resultaron dañadas por el sismo de septiembre de 2017, con lo que se beneficiará a 272 mil personas que viven en 80 mil viviendas.

Explicó que son inmuebles que ya habían sido intervenidos por la Comisión para la Reconstrucción, pero que requieren de algunos trabajos que no fueron incluidos en su catálogo de conceptos de obra.