revisible: tras el anuncio oficial la cúpula empresarial dio rienda suelta a su histeria y desató una nueva ola de chantajes (de hecho, es la misma, pero la utiliza para el tema del momento): la reciente iniciativa de reforma en materia eléctrica fomenta el monopolio, viola el estado de derecho, ahuyenta capitales, abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas y lo que se quede en el tintero, que es mucho.

Así es: a los contratos leoninos que firmó con los gobiernos neoliberales la cúpula empresarial les denomina estado de derecho; para ella, cancelar las innumerables canonjías otorgadas a los consorcios nacionales y foráneos, en contra del interés nacional, equivale a ahuyentar las inversiones; regresar al país lo que es del país lo traduce como expropiación indirecta y considera fomentar el monopolio cuando el Estado interviene para reparar los daños causados por la connivencia entre capital privado y tecnócratas.

En fin, para la cúpula empresarial todo lo que implique evitar atracos a la nación es una violación por parte del gobierno. En realidad, donde se aprieta, brota el pus: electricidad, gasoductos, petróleo y todo lo demás, que es muchísimo, en una fórmula para ella muy simple: jugosas ganancias para el capital, brutales pérdidas para el Estado y la factura que la paguen los mexicanos.

Resulta que el primer día del presente mes, el presidente López Obrador “envió al Congreso una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas. El Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional.

“En ese sentido, en la iniciativa –que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados en un plazo de 30 días– plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes, que han causado un gran daño al patrimonio de la CFE. También, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento, que desvirtuaron su objetivo inicial.

“En la exposición de motivos se cuestiona que, con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se aprobó mediante sobornos entregados a legisladores, se aprovechó para proteger los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación, además de que las bases de mercado definieron el despacho prioritario sobre las centrales eléctricas de la CFE. Se creó un mercado paralelo y subsidiario para las centrales eléctricas privadas. En contraste, la reforma propone … garantizar el servicio prioritario de la CFE ante otros participantes de la industria…” ( La Jornada, Enrique Méndez).

Ahora la cúpula empresarial se dice sorprendida, pero el 11 de febrero de 2019 el presidente López Obrador denunció que la política neoliberal deliberadamente hundió a la CFE para abrir espacios al sector privado, que genera la mitad de la electricidad en el país (la proyección calderonista era que para 2025 crecería a 75 por ciento).

Dos años atrás el mandatario dijo: ayudaría mucho que los particulares firmen un acuerdo que van a contribuir para reducir los costos, a dejar de cobrar subsidio, porque eso no se da en ninguna parte del mundo. Es algo totalmente fuera de lo normal, fuera de mercado, no tiene que ver con una competencia sana.

Las rebanadas del pastel

Por eso ayer, en su reaparición, Andrés Manuel reiteró: necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir a la CFE para dejarles el negocio a estos traficantes de influencia, lo que para la cúpula empresarial es sinónimo de violar el estado de derecho.

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