Los esfuerzos para combatir la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se vieron reflejados en 2020 al duplicarse las denuncias de funcionarios de la institución ante el Ministerio Público (MP), revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el año pasado 90 servidores públicos del SAT fueron denunciados ante las autoridades ministeriales comparados contra los 46 de 2019. De los 90 servidores públicos denunciados ante las autoridades judiciales en 2020, poco más de la mitad, 48, correspondieron a los asignados a Administración General de Aduanas (AGA).

El número de los ahora ex empleados del SAT denunciados el año pasado ante el MP también es superior a los 75 en 2018, último año de la pasada administración.

Los principales delitos que se imputan a los 90 denunciados en 2020 son el ejercicio ilícito del servicio público, así como el acceso indebido a sistemas y equipos de informática.

Otros delitos en los que incurrieron presuntamente fueron cohecho, contrabando y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Los reportes preliminares contenidos en los Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública al cuarto trimestre de 2020 de la SHCP dan cuenta de que los mayores actos decorrupción se presentan dentrode la AGA.

En el transcurso del año pasado se denunciaron 654 servidores públicos del SAT ante el Órgano Interno de Control (OIC), número que se compara con los 370 denunciados en esa instancia administrativa en 2019.

El número de servidores públicos denunciados ante el OIC corresponde a lo reportado por la Administración General de Evaluación, debido a que no se cuenta con la información de otras administraciones generales.

Del total de 654 empleados del SAT, casi 70 por ciento, es decir, 492, estaban adscritos a la AGA, otros 78 pertenecen a la Administración General de Servicios al Constribuyente, y 16 a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, entre otros.

Hace unas semanas tres funcionarios de las aduanas de Baja California fueran cesados por posibles delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita cuyas investigaciones llevan la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública.

Esta semana se conoció también que el SAT cesó de su cargo como administrador central de actividades vulnerables a Ramón García Gibson, quien está relacionado con una investigación de lavado de dinero en el banco HSBC México, cuando era oficial de cumplimiento de esa institución. El funcionario fue retirado el 29 de enero después de que por instrucciones del titular del Ejecutivo se realizó una revisión de su historial laboral.