Por segundo día consecutivo, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos mantuvieron cerrados todos los accesos a la Secretaría de Gobernación (SG), en demanda de que sus exigencias sean atendidas, al tiempo que denunciaron que están siendo amedrentados por policías que amagan con quitarlos por la fuerza.

Yoltzi Martínez Corrales, quien forma parte del colectivo Raúl Trujillo Herrera, indicó que los participantes en la toma pasaron la noche en el lugar y permanecerán ahí por tiempo indefinido, pese a que al menos siete resultaron lesionados tras enfrentarse con policías y automovilistas molestos por el cierre de avenida Bucareli.

Según la activista, los agentes incitaron a los conductores a que se bajaran (de sus autos) y se enfrentaran con nosotros. A los policías les grité que fueran a desviar el tráfico, porque los conductores se nos iban encima, y uno de ellos me golpeó con una valla de plástico naranja, como parte de una serie de incidentes documentados por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De igual forma, Martínez denunció que los uniformados que resguardan el edificio han ejercido violencia psicológica contra los manifestantes –entre los cuales hay infantes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad– al enviar hasta a siete policías a custodiar a una sola de las inconformes, sin dejarla moverse y amenazándola con quitarlas a todas por la fuerza. Durante la noche, la mujer logró entrar al inmueble y denunció haber sido agredida por policías varones.

Mientras tanto, otro grupo de manifestantes que también se encuentra en plantón frente a la sede de la SG rechazó el cierre total de puertas como método de protesta, e indicó que seguirá apostado en el Palacio de Covián para exigir que se dé marcha atrás a la desaparición de los fideicomisos de protección de víctimas.

Nuestra manifestación siempre ha sido pacífica y estamos aquí desde hace un mes, pero no para pedir ningún pago individual, sino para exigir que nos devuelvan el fideicomiso que López Obrador arbitrariamente se robó, aunque era auditable y había salido bien en las revisiones, enfatizó Margarita López, integrante del colectivo Buscando Cuerpos en el País.

La activista indicó que el pasado miércoles llevaron ante la SG el féretro de un hombre al que identificó como Javier, el cual fue encontrado en una fosa clandestina de Guerrero, para denunciar que las autoridades se han negado a pagar los gastos funerarios y de traslado de cadáveres ya identificados, lo cual ha retrasado su entrega a las familias. Estas protestas, anunció, se repetirán los miércoles de las semanas entrantes.