El Instituto Nacional de Migración (INM) separó de su cargo a ocho funcionarios de la oficina de representación en Nuevo León, ante las investigaciones que se realizan por el homicidio de 19 personas migrantes, cuyos cuerpos aparecieron calcinados el 22 de enero, en una de dos camionetas abandonadas e incendiadas en un camino del municipio de Camargo, Tamaulipas.

El INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, explicó que la decisión se dio por la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener días antes la camioneta Toyota encontrada en los hechos ocurridos en Nuevo León, pero que fue liberada posteriormente.

Además, el INM dio vista a su órgano interno de control (OIC), y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar.

La fiscalía de Nuevo León informó que esa camioneta fue hallada el 6 de diciembre en una casa de seguridad en Escobedo, donde había 66 migrantes extranjeros. La unidad fue asegurada por el INM en ese municipio, pero luego fue liberada, sin ninguna causa legal.

En un comunicado, el INM refrendó su compromiso con el cumplimiento de la Ley de Migración y su reglamento, y su colaboración con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento cabal de los hechos ocurridos en el ejido Santa Anita, en Tamaulipas, el 22 de enero pasado.