Madrid. Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), también conocido como el rey del acero, se convirtió en otro presunto delincuente de cuello blanco extraditado por la justicia española. En esa lista de personajes turbios están Ángel Isidoro Rodríguez, alías El Divino, o los priístas Humberto Moreira y Emilio Lozoya Austin. El periplo de Ancira en España culminó con su entrega a las autoridades mexicanas después de algo más de un año y medio en el que intercaló sus ingresos en la prisión de Palma de Mallorca con la libertad bajo fianza y en el que, además, intentó bajo todo tipo de argucias legales evitar su entrega, llegando a realizar declaraciones ante el juez que provocaron una dura reprimenda del propio tribunal, al presentarse como un perseguido político y acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser peor que Hitler.

Ancira fue localizado en el aeropuerto Son Sant Joan de Palma de Mallorca el 30 de mayo de 2019, cuando intentaba abordar su avión privado para trasladarse a Canadá. Pero antes de subir a su jet privado fue interceptado por la Policía Nacional española, la Interpol y la Guardia Civil, que ya habían detectado su presencia en la isla de Palma de Mallorca un par de días antes, justo cuando se recibió la orden de captura internacional solicitada por las autoridades mexicanas.

Una vez interceptado fue traslado a una comisaría policial, donde pasó su primera noche en un calabozo. Esa misma ocasión no le tomó declaración el juez, ya que los delitos por los que era buscado, blanqueo de capitales y grave daño al patrimonio nacional, obligaban a la intervención de un juez de la Audiencia Nacional, el órgano judicial español especial para los delitos de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y graves delitos financieros y de corrupción política. Su causa cayó en manos del magistrado Santiago Pedraz y que fue quien escuchó el primer alegado de Ancira y su abogado para exigir su liberación, al sostener que era “víctima de una vendetta” de López Obrador.

Esposado y ojeroso

En su primera comparecencia ante la justicia, Ancira llegó esposado y custodiado por agentes policiales bajo la atenta mirada de su abogado de entonces, Emilio Oliver. Fue cuando se tomaron las únicas fotografías de él con esposas, ojeroso y desaliñado. Ese día, el juez Pedraz decretó su ingreso en prisión cautelar y sin derecho a fianza.

Un mes después de ser recluido en la prisión de Palma de Mallorca, el empresario metalúrgico pagó algo más de un millón de euros (25 millones de pesos) para su puesta en libertad bajo fianza. Y así estuvo algo más de un año, en el que se le vio paseando por las calles de Palma de Mallorca e incluso cenando en lujosos restaurantes.

Fue hasta el 8 de noviembre pasado cuando inició la cuenta atrás para su entrega a las autoridades mexicanas. Una vez había agotado y perdido todos los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico español, la Sala de lo Penal que decidió su extradición también resolvió, aquel día, que volviera de nuevo a prisión alegando otra vez un riesgo de fuga ante su inminente extradición. Esta resolución, que fue hecha pública unos días después –el 13 de noviembre–, denostó tanto las palabras como la estrategia del propio Ancira, al acusar al mandatario mexicano de ser un mitómano como Hitler y asegurar que México era un país sin ley, alegando una persecución política espuria.

Desde aquel día, la entrega a México de Ancira sólo dependía de la autorización en el Consejo de Ministros, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y de la coordinación entre ambos gobiernos para ejecutar la entrega. Desde Instituciones Penitenciarias se limitaron a confirmar a La Jornada que a partir de este miércoles 3 de febrero el señor Ancira ya no se encuentra en ninguna prisión española. Y según fuentes de su defensa, sin que fueran notificados su abogados ni él mismo. Ya iba en un avión de la FGR rumbo a la Ciudad de México.