Energía eléctrica y freno neoliberal
tados a lealtades a simple vista inexplicables, cuatro de los cinco ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación – quienes llegaron a esos cargos en el gobierno de Peña Nieto– decidieron, pese a todo, no corregir los preceptos –incluidos los artículos 25 y 28 de la Constitución– que ponen los intereses de la iniciativa privada por encima de los de toda la nación.
Durante dos sesiones, de las llamadas secretas
, los ministros discutieron muchas horas sobre el acuerdo que emitió la Secretaría de Energía en el que se establecía la política a seguir en el sistema eléctrico nacional y que buscaba corregir las injusticias que trajo la reforma energética impulsada por la administración pasada.
Las diferencias fueron abismales. Sin sorpresas, el ministro Luis María Aguilar, fiel a la doctrina neoliberal, apoyó la idea de impedir que el caos del mercado siga adelante en la cuestión de la energía eléctrica, y junto con él Javier Laynez, José Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán votaron en contra del acuerdo que impugnó la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
El quinto voto lo emitió la ministra Yasmín Esquivel, quien pidió una y otra vez que el asunto, por tratarse de disposiciones generales, se resolviera en el pleno, donde intervienen los 11 miembros de la Corte, y no cinco, como es el caso de las salas regionales, puesto que es el único facultado para declarar inconstitucionales normas generales por una mayoría de cuando menos ocho votos.
La ministra también votó en contra de declarar la invalidez de las disposiciones impugnadas y argumentó que conforme a los artículos 25 y 28 de la Constitución, corresponde a la nación, de manera exclusiva, la planeación y el control del sistema eléctrico, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Para ella está claro, en el punto de la tan llevada y traída energía limpia, que ésta debe seguir adelante, pero con la rectoría del Estado.
No muy lejos de esta postura se declaró la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien defendió la regulación del gobierno en cuanto a la energía eléctrica, y de cosas de la ley la señora sabe bastante.
Y después de saber lo que ha sucedido en Andorra, debemos tener en cuenta que la iniciativa privada, o buen parte de ella, no busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus países de origen, sino engrosar las cifras de sus cuentas bancarias.
En fin, es curioso, por decir lo menos, que tres mujeres de primera línea en la política mexicana, muy probas las tres –Olga Sánchez Cordero, Yasmín Esquivel y Claudia Sheinbaum–, se pronuncien a favor de la rectoría del Estado en esto de los bienes que le corresponden a la población y que le fueron arrebatados. Hay que ponerles atención.
De pasadita
Ayer se cumplieron cuatro años de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México y ya ha sufrido 10 reformas. Pero eso no es lo más grave.
Lo terrible en este tiempo es que buena parte de este conjunto de leyes haya quedado en letra muerta por miedos, intereses o porque los legisladores actuales no tienen ni idea de lo que se plasmó en el texto constitucional.
No es tiempo de reclamos, pero por ahí no estaría mal que algunos legisladores leyeran la Constitución para no seguir dando palos de ciego a una realidad que no parece ser una de sus prioridades. Es más, insistimos, que no comprenden.
