Las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres y Documenta señalaron que la Comisión de Amnistía, que preside la Secretaría de Gobernación, opera bajo esquemas opacos, sin mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas. Indicaron que no se informa con antelación cuándo sesiona, los temas que discutirá ni los acuerdos a los que llega.

En conferencia digital, Fátima Gamboa, codirectora de Equis Justicia para las Mujeres, expuso que tampoco hay claridad sobre los criterios que se utilizan para resolver si la amnistía solicitada es procedente o no. La comisión, añadió, únicamente ha sesionado dos veces y sabemos que existen requisitos y documentos que se les están imponiendo de más, o como una carga excesiva, a las personas que están privadas de libertad.

Resaltó que también existe desinformación por parte del gobierno federal sobre el número de solicitudes realizadas. Por una parte, tenemos a una Presidencia que en su segundo Informe de gobierno indicó que se habían analizado y dictaminado 956 y, por otra parte, tenemos a una Secretaría de Gobernación que a octubre de 2020 indicó que se habían realizado un total de 762 solicitudes, y en diciembre expuso que eran 622, dijo.

En el lanzamiento de Libertad, una chatbot diseñada para generar de forma automatizada formatos de solicitud de amnistía, Gamboa mencionó que a más de ocho meses de haber sido aprobada la ley en la materia ninguna mujer ha sido liberada.

Recordó que la ley de amnistía reconoce la injusticia cometida por un sistema penal que ha criminalizado históricamente a grupos en situaciones de diversas vulneraciones, como mujeres y personas de pueblos indígenas, que en su mayoría han sido encarcelados injustamente.

María Sirvent, directora de Documenta, señaló que esta norma es un gran avance, pero necesita fortalecerse. Además, tiene que ir emparejada de un cambio de lógica del sistema de justicia penal, de cómo lo vemos y cómo lo percibimos. No va a poder tener el impacto deseado si se seguimos teniendo un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución como el actual, si seguimos usando la prisión como regla general.