El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, mantuvo su postura contraria a la minuta con proyecto de decreto de reforma a la Ley del Banco de México, porque hay algo muy relevante: si hacemos alguna variación contra el estándar mundial, podemos (la nación) ser recalificados como jurisdicción de mayor supervisión, lo cual implicaría un impacto negativo para el país.

En el parlamento abierto virtual, organizado por la Cámara de Diputados, el funcionario abundó en los argumentos que él observa, contrarios a la norma actual.

Esto me lleva a otro tema que no ha sido tomado en consideración, que sigue parado en la Comisión de Justicia del Senado de la República, el cual tiene que ver con reformar la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: para poder avanzar en las recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es indispensable mejorar la norma, sobre todo en temas vinculados con el beneficiario final, personas políticamente expuestas.

Conocedor del tema, ponderó que es asignatura pendiente, no de un gobierno, no de una administración, no de una persona, sino del Estado mexicano en su conjunto. Es algo en lo que no hemos avanzado, y tampoco se le ha puesto interés. El riesgo es que tengamos una recalificación negativa; sabemos que hay un tema de flujo de dólares en efectivo y que debemos proteger a los grupos de migrantes que están llegando a nuestro país.

Insistió en que el espíritu de la minuta también se contrapone a la postura del Presidente de la República. Si se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba los recursos en efectivo, tendría que ser supervisado México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que podría vulnerar la autonomía del banco central, cuando es uno de los puntos que ha dejado muy claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que eso no debe ocurrir.

En la jornada de participaciones, el sector bancario mantuvo su rechazo a reformar la norma que rige al banco central. Luis Urrutia, director general jurídico del Banco de México, expuso una larga argumentación en defensa del papel de la institución; adujo que se debilitaría la disciplina de los bancos mexicanos y podrían contaminarse las relaciones de corresponsalía en las distintas operaciones que se realizan. Contrario al objetivo del proyecto de decreto, desarticularía los procesos convencionales de las corresponsalías y debilitaría la confianza en el sistema bancario mexicano.

Por la Asociación de Bancos de México, el escenario de catástrofe lo señaló Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA, quien refirió: la aprobación de la ley en el Senado representaría un grave riesgo para el país, ya que el tipo de cambio puede tener una depreciación permanente. Es factible que la calificación de riesgo-país sea degradada, lo que constituiría un evento negativo para la calificación de México. El gobierno federal tendría más problemas para otorgar créditos. Una familia o una empresa podría contratar peores préstamos, lo que puede generar grave repercusión en el país.