La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo federal al Congreso es una expropiación indirecta que resultará en un mayor costo fiscal y afectará a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), advirtió el sector privado del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el lunes al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual prioriza el despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto, con calidad de preferente, que debe aprobarse en un plazo de 30 días, revierte aspectos centrales de la reforma energética aprobada el sexenio pasado.

Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia, sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Aseguró que de aprobarse la reforma se traducirá en encarecimiento de productos y servicios y en un mayor costo fiscal, por la necesidad de subsidiar a la CFE.

El sector privado consideró que la iniciativa abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas, al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de energía eléctrica.

Indicó que la propuesta intenta impedir de forma arbitraria la competencia en el sector eléctrico, con lo que viola los derechos básicos de libre concurrencia y certeza jurídica; impactará en las inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, las cuales acudirán a arbitrajes internacionales.

La Confederación de Cámaras Industriales dijo que la reforma condena al país a consumir energía cara y contaminante. La Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León aseguró que las pymes serán las unidades económicas más afectadas y que el proyecto no apoya ni estimula el crecimiento de la economía mexicana.

El sector privado exhortó al Poder Legislativo a realizar una reflexión profunda y a rechazar la iniciativa.

La firma de riesgo Fitch Ratings señaló que los cambios en las reglas de operación del sector energético han generado incertidumbre que podría dañar el atractivo de México para los inversionistas, cuando el país requiere inversión privada considerable para adaptarse al crecimiento de demanda eléctrica y evitar la presión financiera sobre la CFE.

Consideró que con la iniciativa el gobierno mexicano frena los esfuerzos de reforma hacia un sistema más competitivo y confiable para ciudadanos e inversionistas.

Los comentarios de Fitch Ratings sobre los cambios regulatorios coincidieron con la asignación de una calificación de BBB- a los bonos de la CFE con vencimiento en 2031 y 2051 por un monto que no excede 2 mil millones de dólares y con los que se busca financiar proyectos de inversión y la operación del corporativo. La valuación BBB- se cuenta a un lado del grado especulativo.

La firma de riesgo comentó que las implicaciones financieras para el gobierno en caso de incumplimiento de CFE serían muy fuertes. Recordó que las transferencias totales del gobierno a la empresa en 2019 fueron de aproximadamente 75 mil 100 millones de pesos y se espera que estén alrededor de 70 mil millones para 2020 y 2021.