El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó de su cargo como administrador central de actividades vulnerables a Ramón García Gibson, quien está relacionado con una investigación de lavado de dinero en el banco HSBC México, cuando era oficial de cumplimiento de esa institución.

El funcionario fue retirado el 29 de enero después de que por instrucciones del titular del Ejecutivo se realizó una revisión de su historial laboral.

Ramón García fue señalado en una investigación que revela que entre 2007 y 2012 el banco HSBC tuvo fallas y omisiones para evitar el blanqueo de dinero cuando él era oficial de cumplimiento de la filial en México de la institución de origen inglés.

En 2012 el Senado de Estados Unidos realizó un amplió reporte sobre el banco HSBC y sus vínculos con el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico y el terrorismo. A este reporte se agregaron investigaciones del Departamento de Justicia y el Tesoro. A finales de ese año el Departamento de Justicia informó que HSBC había aceptado su responsabilidad plena en la comisión de delitos y aceptaba la mayor multa jamás impuesta en ese país: mil 900 millones de dólares.

En el reporte se menciona en 59 ocasiones a Ramón García Gibson, entonces ejecutivo de HSBC México encargado de atender los aspectos relacionados al lavado de dinero.

Tanto el Senado de Estados Unidos como el Departamento del Tesoro cuestionaron severamente las omisiones de García Gibson como presidente del comité de comunicación y control de HSBC.

El 23 de septiembre del año pasado el tema fue ventilado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina. El presidente dijo que se investigaría y que quienes tuvieran malos antecedentes no deberían trabajar en el gobierno.

El cese de Ramón García Gibson se da apenas una semanas después que tres funcionarios de las aduanas de Baja California (Viridiana Soria Amador, Raymundo Jiménez Lázaro y David Pérez Tejada) fueran cesados por posibles delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita cuyas investigaciones llevan la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública.