Juchitán, Oax., Fidel Heras Cruz, defensor comunitario opositor a los megaproyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Río Verde, fue asesinado a tiros la tarde del sábado a unos 300 metros del acceso principal a la comunidad La Esperanza, municipio de Jamiltepec, en la costa oaxaqueña.

El defensor de la tierra y el territorio también era presidente del comisariado ejidal de Paso de la Reina, de donde era originario, además de ser miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever).

Organizaciones sociales de Oaxaca, entre ellas el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, así como autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reina, señalaron que el crimen podría tener móvil político.

En un comunicado, recordaron que el 21 de enero desconocidos dejaron a Heras Cruz una amenaza de muerte en las obras de construcción de la sede del comisariado.

Indicaron que por esos días el agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado sobre la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió que lo acompañaran hasta el poblado.

Refirieron que desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, ha insistido en explotar materiales pétreos del río Verde.

“La comunidad inicialmente se opuso y ella se vio obligada a suscribir un convenio; sin embargo, debido a que se incumplió, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara la explotación del río.

La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y Rivas Márquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar permiso ambiental por las afectaciones al río.

Relataron que en diciembre de 2020 se suspendió la extracción del material y dejaron la maquinaria en la jurisdicción del ejido Paso de la Reina. A los pocos días, las máquinas sufrieron daños menores, lo que ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo de Chulindo Iglesias, extinto cacique de la región, quien dice ser concesionario del río. Manuel Iglesias exigió el pago de daños y amenazó a Fidel Heras, aseguraron las organizaciones sociales.

El 17 de enero tuvo lugar una asamblea de ejidatarios en la que Heras rindió un informe sobre la explotación del material pétreo y el avance de la construcción de la sede del comisariado; en la reunión se acordó invertir los recursos de la extracción en la obra.

Según testimonios de algunos ejidatarios, en la reunión se habló de un adeudo de más de 500 mil pesos de la familia Iglesias a la comunidad y se dijo que era importante que el comisariado cobrara el adeudo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado nada sobre el homicidio, por lo que la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y Servicios del Pueblo Mixe AC exigieron a las autoridades dar con los responsables.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el crimen del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y solicitó medidas cautelares.

El organismo autónomo inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021 y pidió a la FGE ordenar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas para garantizar su integridad.