Cuernavaca, Mor., Familiares de Román Martínez García, presidente de la asociación civil Gaseros Unidos por Morelos, y su hijastro, Fernando Ogazón Ariza, presuntamente secuestrados por policías municipales de Yautepec y estatales del Mando Único Coordinado, exigieron a las autoridades la presentación con vida de ambas personas.

De acuerdo con Rosa García Rivera, madre de Román Martínez, el último día que vieron a su hijo y al hijastro de éste fue la tarde del 16 de enero, cuando supuestamente se los llevaban detenidos el comandante Gabriel Fuentes Galicia y el oficial Carlos Cabello Hernández en la patrulla 00777, en Yautepec.

Rosa García dijo que el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, le informó que la mañana del 19 de enero cuatro policías huyeron horas después de que fueron denunciados públicamente por los familiares de los desaparecidos. Entregaron sus armas y se fueron.

Por la desaparición de los dos hombres sus familiares han hecho dos protestas, una la noche del lunes y otra el martes, cuando bloquearon durante hora y media la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, en Yautepec.

En entrevista durante el bloqueo del martes, el alcalde de Yautepec afirmó que con la fuga de los cuatro elementos se confirmaba su participación en la desaparición forzada de las dos personas.

Agregó que Isaías Pérez Martínez, comandante en Yautepec de la Comisión Estatal de Seguridad, organismo integrante del Mando Único Coordinado, fue destituido por la desaparición de Román y Luis Fernando.

Piden intervención de la ONU en caso Tetelcingo

Organizaciones civiles solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas que haga un llamado urgente al Estado mexicano para que la Fiscalía General del Estado de Morelos rinda cuentas sobre la fosa común de Tetelcingo, pues cuatro años después de que esta fue hallada siguen sin ser identificados prácticamente todos los cuerpos encontrados ahí.

Los colectivos Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Regresando a Casa Morelos y la Federación Internacional de Derechos Humanos denunciaron inacción de las autoridades morelenses, pues luego de las primeras exhumaciones en la mencionada fosa, entre abril y mayo de 2017, no ha habido avances en las indagatorias ni en la identificación de las víctimas.