El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras claras de que no investigará ni juzgará a los altos mandos militares supuestamente involucrados en delitos y violaciones de derechos humanos, por lo cual es necesario que víctimas y organizaciones civiles impulsen por su cuenta procesos de justicia transicional.

Así lo afirmaron los participantes en un conversatorio virtual sobre el tema, quienes destacaron los riesgos de la creciente militarización del país y recordaron que las fuerzas armadas son la institución con más quejas en contra por episodios de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Jacobo Dayán, presidente del consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que aunque fue el propio López Obrador quien durante su campaña presidencial puso sobre la mesa el tema de la justicia transicional, una vez en el gobierno se olvidó de sus compromisos e impulsó una agenda totalmente contraria.

Hemos visto una creciente militarización, la creación de la Guardia Nacional, reformas a la prisión preventiva, eliminación de los fideicomisos y falta de presupuesto a las comisiones de búsqueda. No parece que el gobierno tuviera voluntad política para responder a las necesidades de las víctimas, lamentó durante el foro.

Graciela Rodríguez, directora de la Cmdpdh, coincidió en que la militarización de la seguridad pública y de otros aspectos de la vida nacional se ha convertido en suelo fértil para perpetrar violaciones graves a los derechos humanos, como parte de un clima de terror político que no es producto de la casualidad.

En ese contexto, lamentó que en el actual gobierno no hay capacidad ni voluntad política para investigar, por lo que es momento de voltear a ver los movimientos de víctimas para que ellas impulsen mecanismos internacionales contra la impunidad y comisiones de la verdad, entre otras herramientas de justicia transicional.