n 2019, sin ningún voto en contra, el Congreso de la CDMX reformó la Ley de Residuos Sólidos a fin de prohibir la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico de un solo uso a los consumidores. Consta de dos etapas. La primera, en vigor desde el año pasado, dirigida a evitar la entrega de dicho artículo al consumidor en los lugares de venta de bienes o productos, excepto si las bolsas son compostables. La segunda, ahora vigente, prohíbe todo lo fabricado total o parcialmente de plástico: bolsas, platos, cucharas, tenedores y cuchillos; vasos, popotes, mezcladores, tapas, charolas para alimentos y cápsulas de café; globos y varillas; bastoncillos para hisopos de algodón y aplicadores de tampones.

Sólo se permite la venta, consumo y distribución de tales productos de un solo uso si se elaboran con materiales susceptibles de biodegradarse, como mínimo a 90 por ciento, durante seis meses y en un ambiente rico en oxígeno o en contacto con materiales orgánicos. Dichos productos deben registrarse ante la autoridad competente y tendrán la leyenda compostable o producto compostable, un logotipo de la empresa certificadora y que cumple con la norma.

La nueva ley despertó inconformidad entre los integrantes de la industria del plástico. Dijeron que era confusa, severo golpe a una actividad que emplea a miles de personas y que los legisladores no pidieron su opinión para elaborarla. Aseguraron que dicho sector económico representa 30 mil millones de dólares y ocupa el lugar 10 a nivel mundial en cuanto a producción por medio de más de 4 mil fábricas, de las cuales 140 se ubican en la Ciudad de México. Alegaron que por la aprobación de legislaciones contra el plástico en otras entidades, es una industria contraída que funciona por debajo de sus capacidades. El mayor número de empleos se concentraba en elaborar bolsas y películas de plástico flexible para el hogar y el comercio, envases, contenedores y botellas, especialmente.

La otra cara de la moneda es muy desa­lentadora: México genera unos 45 millones de toneladas de residuos y aumentará en 20 más al final de esta década. Una buena parte la conforma el plástico, el cual afecta severamente al medio ambiente y a los seres vivos en la superficie terrestre, el mar y los sistemas hidráulicos. No es biodegradable y por eso numerosos países lo han prohibido, obligando a la industria que lo fabricaba a adaptar sus procesos productivos.

En la Ciudad de México, sus 9 millones de habitantes y varias actividades económicas generan diariamente más de 13 mil toneladas de basura, de las cuales apenas se reciclan mil 900. El resto va a rellenos sanitarios que no cumplen con las normas modernas en la materia y forman una mezcla de sustancias muy peligrosas para los acuíferos, la atmósfera y la salud pública. La ciudad sobresalió por el consumo de plásticos a nivel nacional: más de 12 millones de toneladas, a las que se agregarían las correspondientes al área conurbada, donde residen otros 11 millones de personas.

Como sucedió en otros países, fueron grupos organizados de la sociedad los que pugnaron por prohibir desde las instancias legales la elaboración de artículos de plástico y obligar al sector industrial a sustituirlos por otros biodegradables. Desde hace años rigen medidas al respecto en la Unión Europea, el Reino Unido y varias naciones de América Latina, como Argentina y Perú.

En Asia sobresale China, que este siglo se convirtió en el productor y mayor consumidor mundial de plástico. Mas puso en marcha una gran campaña para eliminarlo. Antes hasta lo importaba como desecho para utilizarlo en procesos industriales. Hoy está prohibido.

Aunque inicialmente la idea de no contar más con artículos de plástico en la vida diaria no fue del agrado de la población en muchos países, y menos del sector informal de la economía (en especial aquella que expende comida en puestos callejeros), en México pronto se generalizó su remplazo por bolsas no contaminantes de tela y otros materiales de uso permanente.

Con la nueva legislación termina en gran medida el reinado del plástico y los daños que ocasiona. Ahora el reto es retirar los artículos elaborados con dicho material de las aguas marinas (donde existen millones de toneladas), las áreas costeras y los ecosistemas terrestres. Allí siguen como grave problema. En esa tarea es fundamental la participación de la población, con o sin apoyo de las instancias oficiales.