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Urge marco legal que se ajuste a la velocidad de ciberdelitos: analista
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de enero de 2021, p. 10

En México, pese a que existe legislación que rige las actividades en el ciberespacio, los internautas no tienen seguridad, de acuerdo con José Antonio Álvarez León, investigador de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista en política criminal y seguridad pública encabeza un análisis para entender la movilidad de los delitos en la red. Explicó que hoy en México los legisladores y las policías van a la zaga de los cibercriminales, pues cuando se tipifica un delito para perseguirlo, los delincuentes, gracias a la tecnología, ya tienen un nuevo modo de operar. A la par de los avances tecnológicos, los delitos cibernéticos generan constantemente diferentes formas de operar, por lo que pequeñas variaciones pueden provocar que los ilícitos tengan mayor movilidad que incluso el Derecho o la sociedad, lo cual ocasiona que su detección sea más compleja, señaló el profesor de carrera adscrito al área de posgrado en derecho y política criminal.

En Internet el usuario está expuesto a diversas circunstancias o modalidades típicas que pueden ser previsibles por la ley.

Cuando hay control preventivo o de combate al delito digital en forma eficiente, aseguró, éste se fragmenta de tal manera que la conducta delictiva cambia de modalidad, lo cual provoca que el legislador no la alcance nunca. En términos jurídicos significa que cuando algo se tipifica, la forma comisiva varía de muchas formas en el hacer digital para evitar el encuadramiento legal, situación que genera la imposible imputación.

Comentó que la investigación se encuentra en etapa inicial y abarca delitos convencionales como robo, fraude y trata de personas bajo la modalidad cibernética. Con el estudio se busca comprender la velocidad tecnológica con la que realizan los delitos y cómo podría darse la posibilidad de que una variación típica se considere la actividad sustancial primaria del ilícito, con el fin de que las personas puedan tener un halo de seguridad y se sientan respaldadas ante la ley, porque actualmente eso no existe.