Bogotá. La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció ayer la creciente violencia que enfrentan los ex combatientes de las desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en proceso de reincorporación a la vida civil en una zona del sur del país, donde operan disidentes de la disuelta guerrilla.

Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, el organismo que supervisa la reincorporación de unos 7 mil ex guerrilleros ha documentado 248 asesinatos de ex combatientes, 73 de ellos en 2020.

Las condiciones de seguridad de estos hombres y mujeres se han deteriorado considerablemente en los últimos meses en la zona limítrofe de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, indicó la misión de verificación del acuerdo de paz de la ONU en su informe trimestral.

Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, advirtió en el reporte que la principal amenaza para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 es la persistencia de la violencia contra los ex rebeldes que dejaron las armas, las comunidades históricamente golpeadas por el conflicto interno y los líderes sociales.

La ONU señaló que los problemas de seguridad por la amenaza de grupos armados –que incluyen las disidencias de las FARC– han obligado a decenas de ex combatientes a huir de los espacios territoriales de reincorporación asignados, 191 de ellos se reubicaron en 2020 con ayuda del gobierno nacional.

Unos 2 mil 300 combatientes distribuidos en varios grupos conforman las llamadas disidencias de las insurgentes FARC, que se apartaron del histórico acuerdo de paz y se dedican mayoritariamente al narcotráfico y a la minería ilegal, según inteligencia militar.

Aunque el pacto de paz disminuyó la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi 60 años ha dejado más de nueve millones de víctimas, principalmente desplazados.

El país atravesó en 2020 una de las peores olas de violencia desde la firma de los acuerdos de paz, con 90 matanzas consignadas por el observatorio independiente Indepaz, que el gobierno atribuye a grupos financiados presuntamente por el narcotráfico.