Empresas fantasmas o que proporcionaron información falsa sobre los servicios que ofrecen son algunas de las presuntas irregularidades que la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México encontró en dos años de investigaciónes sobre la asignación de contratos a 22 proveedores en Álvaro Obregón entre 2015 y 2018, informaron fuentes cercanas a la indagatoria.

Señalaron que la etapa de investigación sigue en curso, de allí que no se ha notificado a los ex funcionarios involucrados, entre ellos la ex jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres, pues la Ley de Responsabilidades capitalina establece en su artículo 193 que dicha acción se realiza una vez cerradas las pesquisas y que se realice el informe de presunta responsabilidad.

Agregaron que en total son 30 las empresas investigadas, todas contratadas como proveedores de materiales para distintas obras, por lo que las indagatorias en el ámbito administrativo continúan y se están abriendo nuevas líneas de investigación, incluso se ha solicitado información al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte del procedimiento.

Se trata de una investigación derivada de una denuncia que presentó la alcaldía en octubre de 2018, que en un principio involucraba a tres empresas; sin embargo, las irregularidades encontradas resultaron ser más graves, por lo que en diciembre de ese año se hicieron dos ampliaciones a la querella, indicó.

▲ Varias construcciones han sido clausuradas por anomalías detectadas en el otorgamiento de los permisos.Foto José Antonio López

En cuanto a las denuncias que la Contraloría presentó ante la Fiscalía General de Justicia, expresaron que la propia ley obliga a la dependencia, de detectar un presunto delito penal, a hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes; incluso indicaron que éstas se ampliarán por lo que corresponde a la conducta de los particulares y otros servidores públicos que podrían estar involucrados.

Insistieron en que son investigados cuatro ex funcionarios, incluida la ex jefa delegacional, cuya obligación era supervisar el debido cumplimiento de los contratos. En el caso de los ex directores de Administración René Antonio Crespo Díaz, Obras y Desarrollo Urbano Abel González Reyes y de Servicios Urbanos Jesús García Landeros, eran los responsables de las áreas requirentes de los servicios contratados y también debían supervisar y administrar los contratos.