Primero de diciembre de 2019: un Zócalo lleno de simpatizantes era el escenario donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un año más para que las bases de la Cuarta Transformación quedaran firmes. El plazo se cumplió. El ofrecimiento enfrentó desafíos insospechados en 2020: la peor pandemia mundial que se recuerde (Covid-19), que en México ya produjo la muerte de 105 mil personas y profundas consecuencias económicas que obligaron a mayor austeridad y a reinventar medidas para atender esta nueva realidad.

Al despuntar la pandemia, el presidente vaticinó que esta crisis no detendría la transformación que impulsa su gobierno. A pesar de las turbulencias económicas provocadas por el coronavirus, la apuesta central para enfrentar la coyuntura se ha sostenido en la política social instrumentada desde diciembre de 2018 y para el próximo año se proyecta destinar 303 mil 982 millones de pesos a los 11 instrumentos principales para beneficiar a la población de menores ingresos, esto es, 3.6 por ciento más que en 2019.

Con la estrategia sustentada en la reforma para elevar a rango constitucional el otorgamiento de programas sociales, durante este periodo las familias beneficiarias –sobre todo adultos mayores, menores con discapacidad, así como estudiantes de familias de escasos recursos– recibieron en cinco meses recursos por 143 mil 41 millones de pesos –según datos oficiales–, mediante el anticipo de la entrega de los apoyos para hacer frente al cierre casi total de la economía en los primeros meses.

A partir de esta ruta, planteada como parte de los 100 compromisos asumidos por el Presidente al tomar posesión, su gobierno mantiene, a pesar de la crisis económica, su objetivo de combatir, además de la corrupción, la pobreza y, de ese modo, revertir las proyecciones de incremento en el número de familias en esa condición. Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los efectos de esta crisis sanitaria se traducirán en un incremento de la población en situación de pobreza por ingresos, de entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales.

El Covid-19 también ha puesto a prueba la factibilidad de las metas económicas gubernamentales por el desplome económico mundial y sus severos efectos en México. El impacto ha sido tal, que la perspectiva de crecer a 4 por ciento quedó diluida y hoy está centrada en la reversión de las acusadas caídas en el producto interno bruto (PIB).

Más allá de las desavenencias iniciales con el sector empresarial, parcialmente subsanadas con el plan de inversión conjunta en infraestructura, el segundo año de gobierno transcurrió en medio deuna disputa presupuestal por la exigencia de 10 estados por mayores recursos y esencialmente porque se cumplió otro compromiso presidencial: la desaparición de 109 fideicomisos, considerados por el mandatario federal como fuentes de corrupción.

En estos dos primeros años de gobierno, de esta agenda para adecuar el modelo de transformación también se han cumplido temas prioritarios: eliminar el fuero presidencial –una de las más complicadas–; ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente; reformas legales para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y a fin de considerar delitos graves corrupción, robo de combustibles y fraude electoral en todas sus modalidades; combate al huachicoleo y reforma para establecer la gratuidad de la educación en todos los niveles.

Asimismo, se aprobaron modificaciones legales para prohibir la condonación de impuestos, se reformó la ley para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, se emitió la iniciativa que expide la Ley de Amnistía y se realizaron cambios para terminar con el fuero y sus privilegios.

Hubo una reforma integral al Poder Judicial de la Federación, se ajustó la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana; se presentó la Ley para regular la subcontratación y para reformar el sistema de pensiones; se firmaron los decretos para ampliar los beneficios fiscales en las fronteras norte y sur del país, y se dio a conocer la Guía ética para la transformación de México, con 20 principios de adopción voluntaria, con lo que se cumple el compromiso 99 de su mandato.