La masacre ocurrida en una bodega que se ubica en el municipio de Tlatlaya, estado de México, donde integrantes del Ejército abatieron a 22 presuntos integrantes de un grupo delictivo, sigue siendo investigada, y en las últimas semanas, además de haberse librado siete órdenes de reaprehensión, ya han comparecido por esos hechos cuatro generales, informó la subprocuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.

La funcionaria puntualizó que en torno a los siete militares a quienes un juzgado les había concedido libertad, el Ministerio Público Federal obtuvo una resolución favorable y ordenó la reaprehensión de los soldados que abatieron a 22 personas el 30 de junio de 2014 y que fueron acusados de homicidio y abuso de autoridad, ya que los peritajes señalaron que al menos 14 de las víctimas fueron asesinadas con disparos a corta distancia.

El Ejército nos va a ayudar para ejecutar estas órdenes de aprehensión y la indagatoria sigue su curso; en días pasados, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional comparecieron cuatro generales, un teniente y un soldado; asimismo, declaró el dueño de la bodega; han trabajado de manera coordinada peritos de la FGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El caso está en manos del juzgado primero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, estado de México, y debido a que un juez de amparo ordenó la revisión de las pruebas aportadas por la organización defensora de derechos humanos Miguel Agustín Pro, tanto el Ministerio Público como la CNDH participan en estas diligencias y peritajes en busca de acreditar que los militares incurrieron en el delito de homicidio, que alteraron la escena del crimen y a las víctimas les colocaron armas de fuego para aparentar que todos fallecieron en un enfrentamiento.