as fosas clandestinas representan una ruptura profunda del tejido social, un agujero negro de la convivencia y la comunidad. Materializan lo que la socióloga Maru Sánchez ha llamado desgarramientos civilizatorios, fracturas de vida y de sentido comparables con los campos de concentración y de exterminio del siglo XX. Para el filósofo Arturo Aguirre se trata del espacio doliente de nuestro tiempo, mientras que el historiador Rodolfo Gamiño las ve como microespacios de excepción.

En el México del conflicto armado, con sus miles de víctimas directas e indirectas, la fosa clandestina también es un sitio de múltiples violaciones a derechos humanos en donde, sin embargo, es posible iniciar procesos de reconstrucción de memoria, verdad y justicia, así como dar pasitos hacia el cierre del duelo que desgarra a las familias de las y los desaparecidos.

Desde 2006, año de inicio de la militarización de la seguridad pública y la escalada de homicidios y desapariciones, en México se han registrado 4 mil 92 fosas con 6 mil 900 cuerpos. A la fecha hay 77 mil 585 personas desaparecidas y son 38 mil 891 los cuerpos no identificados en las morgues del país.

La crisis forense y humanitaria ha suscitado formas de resistencia de los colectivos de familiares y grupos solidarios quienes, al adoptar y adaptar desde abajo prácticas organizativas, legales y forenses, han desafiado la legitimidad y los conocimientos de las autoridades y los peritos. Son cada vez más las mamás que buscan a sus hijos y a todas las personas desaparecidas: al hacerlo, se vuelven defensoras de los derechos humanos, constructoras de paz y reserva moral del país.

Así, paulatinamente han generado cierto cambio en las instituciones, al cuestionar desde el campo, la experiencia y la esperanza el poder-saber estatal de cuño jurídico y forense sobre las desapariciones, las búsquedas, las investigaciones y las fosas.

El 28 de octubre Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), y Héctor Díaz Esquerra, de la Comisión Estatal de Búsqueda guanajuatense (CEBP), anunciaron un inédito hallazgo de fosas clandestinas en el estado: 59 cuerpos de hombres, mujeres y adolescentes en 52 fosas en el barrio de San Juan en Salvatierra. La cifra es provisional, los trabajos continuarán durante semanas así como los hallazgos positivos.

Varios colectivos del estado, acompañados por personas solidarias y observadores, han trabajado con la CEBP para realizar esta búsqueda y explorar el terreno en varios puntos aledaños al río Lerma hasta encontrar un predio con decenas de cuerpos enterrados. Esta área, no lejana del centro, ha sido utilizada como lugar de muerte e inhumación durante meses, tal vez años, mostrando una realidad de impunidad y terror.

La consecuencia de la detención de los presuntos líderes de la organización criminal guanajuatense de Santa Rosa de Lima, en agosto y octubre, no ha sido la reducción de la violencia sino todo lo contrario: al 30 de septiembre Guanajuato tenía 2 mil 587 personas desaparecidas, 409 más que a mediados de julio, y seguía encabezando a escala nacional la cifra de homicidios dolosos con 3 mil 438 en los primeros nueve meses del año, casi mil más que en 2019.

Por la inseguridad las familias están participando en búsquedas con el rostro cubierto y, en ocasiones, con chaleco antibalas, extremando precauciones. El miedo había paralizado por muchos años a la población local, pues apenas hace un año se crearon varios colectivos a raíz de esta oleada de violencia: No buscamos a culpables, sólo paz y dar con el paradero de nuestro familiar, expusieron en un comunicado.

Asimismo, señalaron la necesidad de contar ya con más peritos de la fiscalía estatal para procesar e identificar rápidamente los hallazgos y comunicar los resultados, por lo que invitan a quienes tengan un familiar desaparecido a realizarse la prueba de ADN. La recién creada Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, dirigida por Jaime Rochín, tiene un reto mayúsculo y deberá juntar fuerzas con la CEBP y los colectivos para hacer efectivos los derechos de las víctimas, pisoteados durante más de una década.

En el Informe sobre Situación de Fosas Clandestinas en Guanajuato, investigadores de la Universidad Iberoamericana, la Ibero León y Data Cívica, muestran que de 2009 a julio de 2020 la prensa registró 109 fosas clandestinas con 268 cuerpos en 29 de los 46 municipios de la entidad, pero oficialmente no se reconoce su existencia ni hay registros.

En estos días se discute el texto del Reglamento de la Ley de Búsqueda estatal, una oportunidad para que las autoridades encaren la problemática. La propuesta de expertos y colectivos es que se incluya una referencia explícita al concepto y desglose preciso de los contextos de hallazgo, contenidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda de CNB, para aclarar y operativizar la integración del Registro de Fosas Comunes y Clandestinas, empezando así, desde el reconocimiento, a desenterrar la verdad.

* Periodista italiano y colaborador de La Jornada Semanal