En el país, 35 millones de personas carecen de agua potable, a pesar de contar con la llave en su domicilio para tener el servicio, y 6 millones más no están conectados a la red hidráulica, señaló Verónica Zamudio, al presentar el estudio Marco legal del agua en México, con énfasis en la gestión comunitaria. Explicó que esto sucede a pesar de que el acceso promedio nacional al servicio es de 95.3 por ciento, según datos oficiales.

La investigadora del Colegio de México destacó el hecho de que el marco normativo vigente no define la gestión comunitaria del agua y la participación social en los servicios públicos, únicamente se fundamenta en la tenencia de la tierra, lo cual tiene una relevancia mayor a partir de considerar que 51 por ciento de la tierra es de propiedad ejidal o comunal.

Participación social

Agregó que la ley define que ejidos, colonos o usuarios pueden administrar servicios públicos de agua potable y saneamiento, pero se debe cumplir con la condición de que el municipio no pueda dar el servicio o de que haya común acuerdo. Hay 44 mil organizaciones comunitarias en el territorio nacional que dan el servicio a unos 24 millones de personas.

Precisó que actualmente Querétaro, Guanajuato y Yucatán no tienen una legislación de aguas vigente, en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas tienen ley vigente, pero no hacen referencia al sector social. Indicó que en 21 entidades se plantea explícitamente que el sector social puede participar en la prestación de los servicios públicos.

Contra la contaminación

También destacó que hay fragmentación de las normas para la prevención y control de la contaminación del agua, además de que consideró que falta acompañamiento y capacitación a los comités autónomos de gestión.