En México se estima que alrededor de 347 mil personas han sido desplazadas de manera forzada entre 2006 y 2019, casi la mitad de ellas pertenecientes a comunidades indígenas, aunque la cifra sería mayor debido al subregistro que da en este fenómeno, se dijo en la mesa Desplazamiento forzado en México, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la sesión, que forma parte de los Conversatorios virtuales: la universidad ante las violencias, Margarita Zárate Vidal, investigadora del Departamento de Antropología de la unidad Iztapalapa, recordó que apenas en abril de 2019 el Estado mexicano reconoció la existencia de este fenómeno que llevaba tiempo presentándose de manera importante en el país.

Sin embargo, fue en septiembre de este año que se aprobó el proyecto de ley para prevenir, atender y reparar integralmente esta problemática, anunciándose la creación del registro de personas en esa situación en México, donde hay al menos 347 mil.

Episodios de este tipo han sido reportados en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, entre otras entidades, lo que afecta en gran medida a niñas y niños, adultos mayores y población indígena de esas tres primeras. Alrededor de 45 por ciento de las víctimas pertenecen a comunidades autóctonas y sólo en 2019 más de ocho mil mexicanos lo han padecido.

Testimonios

En el evento fueron presentados seis testimonios de personas cuyas comunidades se vieron forzadas a desplazarse a causa de la violencia: la señora Laura Orozco –dedicada junto con su familia a la producción de aguacate en Michoacán– sufrió en 2007 la detención de su hermano, presuntamente por parte del Ejército, y en medio de la denuncia por ese suceso su padre fue también desaparecido; en 2009, un hijo, y en 2012, otro más, sin que hasta ahora se conozca su paradero. El resto de la familia tuvo que dejar el hogar, en Uruapan, debido a las amenazas y los ataques por buscar justicia.

Otros casos fueron los de Agustín Muñoz Gómez y Salvador Hernández Collazo, del municipio de San Juan Chamula, y el de Luz Magdalena de la Torre, en Venustiano Carranza, Chiapas. Los tres fueron retirados del predio El Potrero, de la localidad chiapaneca de Nicolás Ruiz, el 10 de abril de 2018, debido a disputas por tierras. Hasta ahora no han podido regresar.