Álamos, Son., Autoridades tradicionales guarijías exigieron a la Federación respeto a sus derechos territoriales, y que sean salvados 44 sitios arqueológicos, 10 petrograbados y 33 áreas habitadas que están inundados y en riesgo por la presa Los Pilares, en este municipio.

El embalse, inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de agosto, fue un megaproyecto de la administración del ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015), supuestamente realizado con la intención de evitar inundaciones y apoyar el desarrollo económico y turístico de la etnia. Estas metas no se han conseguido.

Para nosotros Los Pilares es un lugar sagrado; sus aguas estancadas nos brindan conocimientos necesarios para ser músicos de pascolas (conjunto de artes que incluye música, oratoria, narrativa oral, comedia, así como trabajo con textiles y maderas), arrendadores de caballos, cantadores de venado, cantadores de tuburi, rezadores, curanderos, chamanes, aseguró el guarijío Ángel Kenora.

En entrevista, advirtió que su etnia continuará defendiendo su patrimonio cultural e historia, y destacó que varias mineras extranjeras recorren la sierra de Sonora para explotar plata utilizando el agua de Los Pilares, presa también conocida como Bicentenario.

El pueblo guarijío o macurawe, se asienta en la sierra baja de Sonora, al sur de la entidad. Hace 2 mil años, este grupo etnolingüístico formó parte de bandas procedentes del actual suroeste de Estados Unidos que emigraron al noroeste de México.

Los guarijíos rechazan desde 2013 el megaproyecto, que fue construido por las noches. Integrantes de la etnia expusieron que el embalse pone en riesgo sus vidas y su relación con su territorio; además, reprocharon que la obra se haya realizado pese que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señaló anomalías, se interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el tercer tribunal colegiado del quinto circuito emitió una sentencia a favor de la etnia.

Dirigentes indígenas acotaron que se compró a autoridades tradicionales y no se consultó a la etnia, lo cual viola sus derechos.

Cuando López Obrador inauguró la presa, Blanca Jiménez Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua, aseguró que el embalse sería para los guarijíos una fuente de ingresos, principalmente en proyectos de acuacultura y como guías turísticos, lo que no ha ocurrido.