Integrantes de la marina mercante y de colegios de profesionales del transporte marítimo expresaron ante senadores su rechazo a la minuta que deja en la Armada de México el control de los puertos del país, ya que, sostuvieron, los militariza, e insistieron en que son personal civil, que no puede desempeñar tareas de seguridad, lo que refutan funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar).

Esto ocurrió durante una sesión digital de parlamento abierto, convocada por los presidentes de las comisiones de Gobernación, ­Marina y Estudios Legislativos, ­Mónica Fernández, Eruviel Ávila y Ana Lilia Rivera, quienes dictaminan la minuta que se pretende aprobar la próxima semana.

El comandante del cuartel general del alto mando de la Semar, José Luis Arellano Ruiz, rechazó que los puertos del país se militaricen. Hizo notar que la marina mercante está disminuida debido a que no existe una flota mercante completamente mexicana.

Requerimos dar certeza jurídica a nuestro actuar dentro de puertos, con estricto apego a derecho, crear una transparencia en procesos y concursos, supervisar el cumplimiento de contratos y vigilancia del ambiente, todo esto en beneficio del país, dijo Arellano. Precisó que la marina mercante siempre estará dirigida por alguien de ese gremio.

Igualmente, el director de la marina mercante, Ildefonso Carrillo Mora, recordó que México ha suscrito ordenamientos jurídicos internacionales por los que los puertos nacionales e internacionales jamás podrán ser clasificados como una estructura militar. Bajo este contexto, apuntó, seguiremos con el trabajo y la estructura que corresponda a cada institución.

Ello, luego de intervenciones en contra de la minuta, entre ellas la de Antonio Rodríguez Fritz, secretario de Trabajo y Conflictos de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, quien resaltó que la detención del ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, es ejemplo de lo lesivo que sería militarizar la marina mercante.

Igualmente, el capitán de Marina, Faustino Suárez Rodríguez, aseguró que no es correcto transferir todas las atribuciones de la marina mercante, la educación náutica y la Ley de Puertos a la Secretaría de la Marina. El Presidente nos hace responsables de actividades exclusivas de las aduanas por tráfico de armas, drogas y piratería, pero en esta ley, precisó, no se están tratando asuntos de aduanas.

Por su parte, Marcelino Tuero Zorrilla, presidente del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercantil AC, aclaró que no son funcionarios públicos. Nuestras funciones son diferentes al personal adscrito a la Secretaría de la Marina y ante esa confusión, se pretende militarizar absolutamente a todo el sector marítimo, dañando el sistema marítimo portuario nacional, sostuvo.

En igual sentido, el capitán de altura Luis Jorge Díaz Treviño, en representación del Colegio de Marinos Mercantes del Istmo de Te­huantepec, consideró que las modificaciones propuestas a las tres leyes que rigen al sector parecen un cambio del estado de derecho que pueden afectar a las inversiones privadas. Advirtió incluso que habrá muchas controversias constitucionales, porque el cambio en los puertos puede cancelar inversiones por más de 3.4 mil millones de dólares.

En respuesta, el director general del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, Miguel Ángel Osuna Rodríguez, pidió estar conscientes de que también existe un convenio internacional en materia de educación náutica, el cual establece que dicha formación nunca podrá ser militarizada.

También en respuesta a las críticas a la minuta, la diputada de Morena Juanita Guerra Mena explicó que el objetivo de la reforma, aprobada en San Lázaro, que ahora se discute en el Senado, es transferir las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Semar con la intención de reforzar las medidas para combatir la inseguridad en el país, a través de la distribución de competencias .

La reforma, recalcó, no es inconstitucional como muchas voces expresan, ya que parte de las atribuciones que se dan a Semar ya habían sido otorgadas en reformas anteriores. Además, se cumple con el objetivo de fortalecer a las instituciones tanto en la rama militar como administrativa.

Se busca también mejorar las certificaciones con que actualmente se cuenta, lo que coadyuvará en la auditoría que realizará la Organización Marítima Internacional en 2021 a la marina mexicana.

Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM y experto en seguridad, indicó que la reforma no implica militarizar los puertos, sino que permitirá tener mejor control de lo que entra y sale de México. Se debe observar, agregó, que se respeten los derechos laborales de las personas que colaboran en las aduanas al ser incorporados en la ley.