asta el pasado jueves por la tarde la frase clásica vigente -refrendada sexenio tras sexenio- era que a los políticos y pandillas que los acompañaban siempre los acusaban de delincuentes, pero nunca de pendejos, pero a raíz de la detención, ese día, del general Salvador Cienfuegos, ahora tal enunciado incorpora ambos calificativos.

Sin mayor esfuerzo, la autoridad estadunidense, DEA de por medio, detuvo al secretario peñanietista de la Defensa Nacional en el aeropuerto de Los Ángeles (aunque el proceso judicial es en Nueva York, en cuyas cárceles se hospedan Genaro García Luna y Joaquín El Chapo Guzmán), lo que constituye un hecho histórico, porque ello nunca sucedió con un militar mexicano de ese rango y posición. Viajaba con su familia, y él, creyéndose eternamente impune, se fue a meter a las fauces del lobo.

De acuerdo con la información disponible, Cienfuegos ha sido formalmente acusado por el gobierno estadunidense de cuatro cargos: tres por conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas; y uno por lavado de dinero. “Fiscales federales detallan que el ahora indiciado abusó de su puesto (en realidad traicionó al país) para ayudar al cártel H-2 (de Juan Francisco Patrón Sánchez, sucesor de Héctor Beltrán Leyva, y abatido en 2017) a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos, y a cambio de sobornos permitió que ese cártel actuara con impunidad en México” ( La Jornada, David Brooks).

Según revela la acusación oficial hecha pública ayer por el tribunal federal del distrito del este de Nueva York, “los primeros tres cargos aprobados por un gran jurado a partir de evidencia presentada por fiscales federales afirman que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 el general Cienfuegos, también conocido como El Padrino, junto con otros, conspiró para manufacturar y distribuir drogas ilícitas con el conocimiento de que serían exportadas a Estados Unidos”. Además, es acusado por realizar transacciones financieras y entrega de fondos en moneda estadunidense y mexicana que procedían de narcotráfico (ídem).

En México abundan los indicios del ilegal proceder de personajes como el ex secretario peñanietista de la Defensa Nacional –lo mismo con García Luna y demás integrantes del narcocircuito político, empresarial y judicial–, pero ninguna autoridad se animó a investigar, dar seguimiento y proceder en contra de ellos, en el entendido de que mientras se mantuvieran en el país su impunidad estaba garantizada. Pero algo les falló, porque fue tal su confianza que, además de delincuentes, demostraron ser pendejos.

Y en todo este merengue no hay que olvidar que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece (artículo 11) que el mando supremo corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional, de tal suerte que Enrique Peña Nieto no puede lavarse las manos ante las acusaciones en contra de Cienfuegos, como lo ha intentado –infructuosamente– El Borolas en el caso de Genaro García Luna, quien, al parecer, ya encendió el ventilador. Por lo pronto, en México el general debe ser procesado por traición a la patria, y junto a él los integrantes del aparato militar que aparezcan involucrados.

De entrada, el presidente López Obrador anunció que en el caso del general el solo señalamiento de funcionarios, aun sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este. Si se demuestra que hay una red de complicidades y si salen a relucir nombres, de civiles o de militares, si están laborando en el gobierno, ya sea en dependencias del gobierno que tiene que ver con actividades civiles o en las fuerzas armadas, van a ser suspendidos en tanto se termine el proceso de investigación y en caso de ser responsables se procederá en contra de ellos.

Las rebanadas del pastel

¿Quién sigue?, porque sobra tela de dónde cortar. De hecho, ya se menciona a un ex secretario del Trabajo.

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