El juzgado octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México declaró inconstitucional el decreto presidencial de mayo pasado que faculta a las fuerzas armadas a realizar labores de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos cinco años.

El juez Martín Adolfo Santos Pérez otorgó un amparo a una organización no gubernamental, ya que determinó que el Ejecutivo no justificó adecuadamente la intervención de las fuerzas armadas en tareas policiales ni garantizó controles suficientes para limitar su actuación y proteger a la ciudadanía.

El gobierno federal puede impugnar el fallo para que un colegiado ratifique o revoque la sentencia.

El recurso es para efecto de que el Ejecutivo desincorpore, en el presente y futuro, de la esfera jurídica de la moral de la quejosa, el contenido material del asunto reclamado. Con ello, sostuvo, las fuerzas armadas no deben llevar a cabo ningún acto de privación o molestia en perjuicio de la parte quejosa.