Chilpancingo, Gro., Unos 60 reporteros de distintos medios de comunicación protestaron afuera de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del palacio de gobierno estatal para exigir que se investiguen y detengan las amenazas de muerte que han recibido sus colegas del municipio de Iguala por parte de grupos de la delincuencia organizada.

La demanda central de las agrupaciones de comunicadores a los gobiernos federal y estatal es que garanticen la seguridad para sus colegas que han sido amenazados, así como a sus familias.

Mientras tanto, desde España, Alí Pacheco Romero, hijo del periodista Francisco Pacheco Beltrán, director y fundador del diario Foro de Taxco, quien fue asesinado en 2016, denunció que el miércoles a las 11 horas un hombre armado se presentó en su domicilio y dijo ser elemento de Seguridad Pública. Mi familia no atendió su llamado y al retirarse tomó fotografías del inmueble.

Pacheco urgió a las autoridades estatales a que se deslinden y aclaren la situación. Desde 2016 cuento con medidas de protección otorgadas por Secretaría de Gobernación. En España comencé a denunciar la inoperancia e impunidad de la Fiscalía Especial para Atender Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), como en el caso del asesinato de su padre.

La familia Pacheco Romero denunció que el gobierno de Héctor Astudillo ha sido el más letal para la prensa en la última década: Cumple cinco años al mando del Ejecutivo estatal vanagloriándose de un descenso de la violencia, pero que no se refleja en el ejercicio libre del periodismo en la entidad.

En un lustro un total de nueve periodistas han sido asesinados. Los casos más recientes son el de Ernesto Martínez Moreno, ultimado en Taxco de Alarcón este mes, mientras el mes pasado fue ejecutado el fotógrafo Erick Castillo Sánchez, en Acapulco.

En agosto de 2019 el director del portal de noticias La Verdad de Zihuatanejo, Édgar Alberto Nava López, fue asesinado. En febrero de 2018 Pamika Montenegro, conocida como Nana Pelucas, fue asesinada en Acapulco. En octubre de ese año mataron al locutor de la estación oficial de Radio y Televisión de Guerrero, Gabriel Soriano.

En agosto de este año Pablo Morrugares Paraguirre fue ultimado en Iguala, a pesar de que contaba con medidas cautelares del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno federal.