Toluca, Méx., El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de México, que abroga la anterior norma.

Ésta otorga a los familiares de la persona no localizada una herramienta legal amplia para garantizar sus derechos y los del ausente. Implica la suspensión de actos judiciales, civiles, mercantiles o administrativos en contra de los bienes de la persona desaparecida; detiene los cobros por créditos a su nombre, protege sus derechos laborales y permite mantener la seguridad social a sus parientes.

La nueva ley fue impulsada por la diputada Karina Labastida Sotelo, de la bancada de Morena, e incorpora la figura de declaración especial de ausencia por desaparición, con la que se presume que el ausente está vivo y se garantiza que el Estado continúe con la búsqueda, por lo cual no cesa la protección de sus derechos.

También permitirá crear juzgados especializados y define el procedimiento para que una autoridad judicial emita la declaración especial de ausencia acorde con los principios constitucionales, en los plazos y términos que se fijan en la ley federal.

La norma estipula un plazo de tres meses para interponer dicho procedimiento a partir de la denuncia y un máximo de seis meses para su resolución. Actualmente el plazo es de dos a tres años.

Autoridades no podrán abandonar búsqueda

Asimismo, insta a las autoridades competentes a dar continuidad a las investigaciones sobre las desapariciones; protege los derechos laborales de los servidores públicos declarados ausentes por desaparición y asienta la obligación del Ministerio Público, de la fiscalía especializada, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión de Búsqueda de Personas de informar del procedimiento y los efectos de la declaración de ausencia a los familiares o sus representantes legales, entre otros puntos.

Con la aprobación del nuevo ordenamiento también se reforman los códigos Civil y Financiero de la entidad, las leyes Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, de Seguridad Social para los Servidores Públicos del estado y Municipios y del Trabajo de los Servidores Públicos.