La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo ayer que explora las vías legales que podrían interponerse en el caso de mujeres mexicanas migrantes sometidas a operaciones quirúrgicas en un centro de detención de Estados Unidos sin su consentimiento y sin saber el tipo de tratamiento que recibieron. Ello con el fin de atender sus reclamos y la violación de sus derechos humanos.

Ratificó que tiene identificados los casos de dos connacionales que fueron objeto de intervenciones quirúrgicas sin su autorización. En el primero se sabe que no fue una histerectomía, pero que sí hubo irregularidades en el procedimiento médico. Por lo que hace al segundo, se trata de una mexicana que ya está en el país y a quien se le hizo una intervención de carácter ginecológico sin haber recibido una explicación en español del diagnóstico ni de la naturaleza del procedimiento médico.

En una tarjeta informativa, la SRE señaló que da puntual seguimiento a las denuncias por malas prácticas médicas que habrían sufrido mujeres mexicanas durante su estancia en el centro de detención migratoria del condado de Irwin, en Georgia, bajo la responsabilidad de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Resaltó que el consulado en Atlanta se encuentra en estrecha y permanente comunicación tanto con las afectadas como con autoridades de ICE y del centro de detención.

Aunque la pandemia de Covid-19 obligó a suspender las visitas a los centros de detención, aseguró que las autoridades consulares permanecieron en contacto con las migrantes detenidas que accedieron a dialogar y se canalizaron oportunamente las denuncias a los directivos de ICE y del centro en Irwin.

Tras gestionar la reanudación de las visitas periódicas, señaló que éstas se realizarán en breve, con el fin de verificar las condiciones de los centros de detención y apoyar a las personas mexicanas que requieran y soliciten la asistencia consular.

La cancillería dijo que el consulado está en contacto con el abogado que coordina una posible demanda colectiva y con las mexicanas que podrían ser incluidas en la misma, con el propósito de explorar las vías legales que atiendan la violación de sus derechos humanos, así como sus reclamos.