El director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, hizo un llamado a los legisladores a dotar a esta instancia de mayor presupuesto para atender no sólo a extranjeros, sino a mexicanos expulsados por conflictos y amenazas locales, de acuerdo con las nuevas atribuciones. De lo contrario, advirtió, el marco legal creado por primera vez en la historia para atender este rezago será letra muerta.

El 29 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno; a partir de ello asigna a la Comar nuevas responsabilidades.

Esta comisión tiene presupuesto insuficiente para atender a los solicitantes de refugio, por ello recurre al apoyo de Naciones Unidas y hace ajustes administrativos para allegarse de más opciones materiales.

En 2020 le asignaron 47 millones de pesos y buscó auxilio de la Acnur, así como de recursos de la Comisión para la Frontera Sur. Para 2021 la iniciativa presupuestal da a la Comar 40 millones y su única alternativa de salir adelante es de nuevo el apoyo de la oficina de la ONU para los refugiados y la fusión de la Comisión para la Frontera Sur.

Aun así, el reto es mayúsculo, si se toma en cuenta que en 2019 hubo récord en recepción de solicitudes (70 mil 609), y este año, pese a la pandemia, empieza a reactivarse el flujo de migrantes.

De enero a septiembre el acumulado es de 27 mil 666, pero con una clara recuperación en el noveno mes (3 mil 395 expedientes), comparado con el desplome de abril y mayo.

Las principales causas por las que personas solicitan protección en México son: pandillas (amenazas, extorsiones, reclutamiento, etcétera); violencia (doméstica y generalizada); persecución (política, religiosa, narco), y constituyen 73.9 por ciento, indicó Ramírez. Además, casi 40 por ciento de los solicitantes son mujeres adultas, adolescentes y niñas; 14.95 por ciento del total son menores de edad.

En ese contexto, la Comar tendría que atender a mexicanos desplazados, lo cual requiere al menos para dar la patada de inicio de un inmueble y personal mínimo.

Aclaró que si bien desde el punto de vista lógico el escaso personal de la Comar tiene capacidad de atender también a connacionales en riesgo, la característica del desplazamiento forzado obliga a una atención diferenciada en espacios distintos.

Lo que falta es presupuesto. Es muy importante que se asigne a la Comar una partida especial para evitar que esto se quede en letra muerta, comentó a La Jornada, ante la previsión de que como ocurrió con los diputados, la Cámara de Senadores apruebe la referida ley por unanimidad.

El presupuesto, subrayó Ramírez, apenas alcanza para los refugiados y no podríamos abarcar a los desplazados internos. No es un secreto para nadie que de por sí los recursos de la Comar son precarios.

No hay un diagnóstico profundo acerca del número de desplazados internos en el país, aunque en estudios iniciales se habló de que al menos hay más de 350 mil personas en esa condición a las que por primera vez se atendería de manera especializada.