La opacidad en el manejo de los recursos en fondos y fideicomisos se debe a que sus operaciones son confidenciales y, una vez que entran a las cuentas en los bancos que los han administrado, el dinero se considera como ejercido y, aunque son revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la información disponible no es desagregada.

La ASF ha descubierto irregularidades en el proceso de contratación, que no hay instancias que supervisen a los proveedores de servicios, obras y acciones, señala un informe de Morena en la Cámara de Diputados, a partir del cual se basó la defensa legislativa con el fin de extinguir aquellos instrumentos.

Durante el sexenio pasado, hasta 2018 se acumularon 835 mil millones de pesos en 374 fideicomisos federales existentes, que de acuerdo con los cálculos de la bancada equivale a 15.8 por ciento del PIB de ese año, y a 9.4 veces el presupuesto de Chiapas.

La transparencia y la rendición de cuentas es mínima, ya que 92 por ciento de los recursos no cuentan con controles de vigilancia. No se notifica de manera pública de las contrataciones ni de los objetivos, indica el documento.

En 2016, de los 214 mil 135 millones de pesos ejercicios, sólo 65 mil 867 millones se habían aprobado; esto es, se gastó un monto tres veces superior al estipulado.

Además, precisa el documento, desde 2013 se han registrado sobrejercicios importantes en los recursos destinados a fideicomisos en el Presupuesto de Egresos. Por ejemplo, en 2017 el monto aprobado fue de 42 mil 737 millones de pesos y al cierre del año se ejercieron 310 mil 637 millones, lo que significa que se gastaron 267 mil 900 millones más de lo autorizado por el Congreso, sin justificación explícita.

La ASF ha señalado los riesgos de opacidad, pues ha identificado que los fideicomisos que no son una entidad paraestatal (sin estructura administrativa) permiten discrecionalidad en el ejercicio de los recursos. Son esquemas creados para canalizar, incluso en años posteriores, recursos remanentes en vez de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, según la auditoría. Estas prácticas abren la puerta al desvío de fondos de las cuestiones prioritarias para los ciudadanos.

Incluye ejemplos de probables irregularidades. En el caso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo la ASF calificó el proyecto Playa Espíritu, en Sinaloa, como un problema heredado, puesto que se han invertido más de mil 400 millones y no se ha vendido ningún lote.

Respecto del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que maneja 298 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública reportó irregularidades en la asignación y comprobación de gastos, por un monto de 50 millones de pesos.

Además cita que, entre 2013 y 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apostó por el gasto en innovación con transferencias de 17 mil 819 millones de pesos, pero se destinaron 2 mil 931 millones a proyectos de ciencia básica, sin que estén documentados los rendimientos, uso o destino del fideicomiso que administra el Banco Nacional de Obras Públicas, donde hay 9 mil 646 millones de pesos.

Otro caso de escasa o nula rendición de cuentas es el fideicomiso Vamos México-Transforma México, que tuvo como meta desviar recursos públicos procedentes de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para beneficiar a la fundación civil creada por la esposa del entonces presidente (Vicente Fox Quesada), Martha Sahagún.