Chilpancingo, Gro., El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que el gobierno mexicano no cumplió con las sentencias emitidas en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en favor de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que responsabilizó al Estado mexicano de la tortura sexual cometida por elementos del Ejército en 2002 y dispuso medidas de reparación para ambos casos.

Ayer, en un comunicado fechado en Tlapa de Comonfort y en San José (Costa Rica), se dijo que a 10 años de las sentencias de la Coridh no hay avances significativos: el Estado sigue sin atender las principales barreras enfrentadas por Inés y Valentina hace más de 18 años y ha adoptado una política regresiva de recortes presupuestarios en detrimento de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, cuyo aseguramiento fue ordenado en ambas sentencias.

Mencionó que el pasado primero de octubre se llevó a cabo una audiencia privada de seguimiento de las sentencias de Inés Fernández, y Valentina Rosendo, en la cual se abordó la investigación penal de los hechos, y la relacionada a los servidores públicos que dificultaron la recepción de las denuncias; el funcionamiento del Centro Comunitario y Albergue para Niñas y Niños, en Ayutla de los Libres, y el Centro de Salud, en la comunidad de Caxitepec.

Resaltó la preocupación de Valentina e Inés, por la falta de avances significativos tanto en las investigaciones contra todos los elementos militares y altos mandos involucrados en los hechos de 2002, como en la investigación seguida contra servidores públicos que dificultaron la recepción de las denuncias.

Las indígenas me’phaa (tlapanecas) denunciaron la falta de funcionamiento, y designación de un presupuesto para el Centro Comunitario y Albergue para Niñas y Niños de Ayutla de los Libres, y la política regresiva de recortes presupuestarios a programas e instituciones que atienden la violencia contra las mujeres indígenas en México.

En la reunión los jueces de la Coridh apoyaron a las víctimas y emplazaron a las autoridades mexicanas a dar cumplimiento cabal de ambos fallos, el juez Eduardo Vio Grossi señaló: soy el único juez que participó en estas sentencias. Me gustaría que este caso tan emblemático se cumpliera plenamente.

En tanto, la presidenta del tribunal, Elizabeth Odio Benito, agradeció a Inés y Valentina, que con su lucha heroica abrieron camino para que la corte avanzara en jurisprudencia trascendental en la región.