La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) llamó a los legisladores a que con o sin fideicomisos se garantice en la ley, de manera muy clara, que el fomento a la cinematografía se mantendrá; de lo contrario sería una medida regresiva.

La preocupación latente es que si se va a incluir, debería estarse haciendo de manera simultánea a la derogación de Fidecine, para que no haya un vacío jurídico sobre el fomento cinematográfico.

Mónica Lozano, presidenta de la Amacc, en conferencia de prensa, dijo: “Me tocó ser parte de la redacción de la ley de cine y el reglamento hace 20 años. Fue cuando sumamos a ésta el concepto del capítulo 7 de fomento a la cinematografía mexicana y entendíamos que la única forma de hacer este fomento era a través de fondos y fideicomisos que estuvieran en la ley. Sí, fue una conquista histórica del gremio lograr que Fidecine existiera.

No estamos de acuerdo, pero entendemos la situación del país, en términos económicos, políticos y sociales; entendemos que haya un entredicho sobre si los fideicomisos eran opacos y transparentes o no. En el cine estamos ciertos de que se manejaban con reglas de operación, absoluta transparencia, con convocatorias, grupos de trabajo y evaluación. La verdad, no nos sentimos incluidos cuando hablan de que había un problema de opacidad y falta de transparencia.

En la academia, entendemos que el fomento y promoción de la cinematografía no es otra cosa que una forma de garantizar el acceso a la cultura y el ejercicio de derechos culturales de los mexicanos contenidos en el artículo cuarto constitucional.

Lozano subrayó: Al ser la cultura y el cine un derecho humano protegido por nuestra constitución, y por la infinidad de tratados internacionales en los que México forma parte, obliga sin duda, a una propuesta concreta que mantenga el apoyo que históricamente y hasta hoy se ha dado. De otra manera, si no existe ese pronunciamiento ni ese articulado en la ley que garantice el fomento, se constituiría una medida regresiva en materia de derechos humanos y se violentaría el principio de progresividad contenida en el párrafo 3 del artículo primero constitucional.

Observatorio público

En tanto, Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico, explicó: Siempre hemos estado en ascuas, pero esta vez es un ascuas nuevo. No es lo mismo estar preocupados por el presupuesto que por una política pública construida en 20 años.

Cumplir con los derechos culturales de los ciudadanos no es una dádiva, esto debe quedar claro, México tiene, en la Constitución, la obligación de proporcionar a los ciudadanos los derechos a la cultura, a la expresión cinematográfica y al público de verse reflejado en la pantalla, subrayó.

De manera paulatina la comunidad y los diversos directores de Imcine construyeron esta política que enalteció a la nación y ahora vuelve a ponerse en riesgo, como si la estructura democrática construida entre todos no sirviera.

Por otro lado, la productora Inna Payán sostuvo: Si no está en la ley, no existe. Llamamos al Ejecutivo Federal y a los legisladores para que al tiempo que derogan artículos de la ley propongan un articulado que precise y garantice el fomento a la cinematografía. Solicitamos una propuesta concreta que mantenga y mejore los apoyos y que quede en ley. Los cineastas hemos trabajado con reglas y transparencia y sabemos que podemos mejorar más. Los diferentes gremios de la cinematografía nacional hemos propuesto políticas públicas para obtener un sistema más equilibrado y justo, para que las voces e imaginarios independientes florezcan, porque eso nos da identidad. Solicitamos revisen los envíos de las políticas que la comunidad propone.