La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que es indignante que en la anterior administración se utilizaran recursos públicos en montar una oficina para espiar a políticos, pero lo más grave es la corrupción que desde ahí se practicaba, al hacer uso de la información del Registro Público de la Propiedad para saber qué inmuebles estaban intestados para hacer desarrollos con el llamado cártel inmobiliario.

Al retomar el tema de la operación de un centro de espionaje que desde principios de diciembre de 2018 documentó este diario, la mandataria recordó que hay una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia. Espero que actúe en consecuencia porque el problema aquí no solamente es la ilegalidad de estas actividades que se realizaban, sino que eran con recursos públicos.

Aseveró que la investigación se tiene que realizar con toda certeza. Que tope donde tope, que la fiscalía investigue a todo el que tenga que investigar, expresó.

Sobre el espionaje en su contra, Sheinbaum señaló que era un secreto a voces. “No tengo pruebas yo personalmente más que cuando uno abre el correo electrónico; a veces te llegan correos que dicen: ‘una persona trató de entrar a tu correo desde otra PC? Eso sí lo recibí durante mucho tiempo”.

Dijo que si los ex servidores públicos que han sido acusados de cometer actos de corrupción no han sido detenidos es porque se esconden, incluso algunos se encuentran en otros países, lo que, adujo, demuestra su culpabilidad, porque si fueran inocentes ya se habrían presentado ante la justicia.

“Hay órdenes de aprehensión contra varios ex funcionarios públicos y ahí está haciendo su labor la Policía de Investigación –como lo hace frente a cualquier delincuente– para poderlos localizar y hacer que se cumplimente, como dicen los abogados penalistas, la orden de aprehensión”.

En el caso de la Contraloría, añadió, hay varios temas que están por presentarse a la fiscalía de varias áreas de la entonces entrega-recepción que se hizo, pues primero sale la resolución administrativa y después se presenta la denuncia penal.

En ese contexto, confió en que el Congreso apruebe pronto la iniciativa que envió para que no prescriban los delitos relacionados con corrupción. Si alguien robó dinero público, ¿cómo que después de tres años ya no se le persigue?, o sea, la prescripción inicia en el momento que se abre la carpeta de investigación y se cuentan tres, cuatro años, no sé cómo está, pero no puede haber prescripción.

Detalló que hasta ahora hay ocho ex funcionarios de la anterior administración en prisión y tendrá que haber sanción y que regresen lo que se robaron. El tema de la corrupción no solamente es un tema, desde mi punto de vista, de que estén presos, sino que haya reparación integral del daño.