l pasado 10 de septiembre, en la conferencia mañanera, el Presidente de la República anunció su decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos que se había quedado suspendida, dijo, por demandas de campesinos, de los habitantes de las comunidades de esa región. Argumentó el monto de la inversión y el beneficio con energía eléctrica para todo el estado de Morelos a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No se trató de un anuncio improvisado. Tras señalar que se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal; se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia. Sin mencionar ni por equivocación el asesinato del líder opositor Samir Flores, mucho menos alguna referencia a la ausencia de investigación y, por tanto, de justicia, procedió a dar la palabra a dos funcionarias y dos funcionarios para detallar lo que yo denomino como Operación Huexca.

En primer lugar, la secretaria de Gobernación amplió la mira de la mera termoeléctrica y se refirió al Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste, indicó, en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros. Sobre la llamada consulta ciudadana de 2019, explicó que votaron por el proyecto 60 por ciento, y por ello algunos ejidatarios se inconformaron y presentaron diversas demandas de amparo, alegando que el proyecto implicaba la disminución del caudal de riego que utilizan para sus tierras. (No sólo ese argumento está en los amparos.) Y continuó: en dos asuntos de todos los que se interpusieron se consiguió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos. Sin embargo, el gobierno ofreció periciales que motivaron el sobreseimiento de los mismos tanto por el juez de distrito y confirmado por el tribunal colegiado de circuito, ya que no hubo una afectación de los derechos de los ejidatarios. Con base en ello –dijo–, Conagua procedió a otorgar permisos a la CFE para continuar con el proyecto.

En seguida la ex subsecretaria de Gobernación y hoy directora del Banco de Bienestar, literalmente habló en plata para mostrar los acercamientos, primero con ejidatarios, después con autoridades de Asurco que tenían dudas, y se instaló la mesa de diálogo. Afirmó que se está considerando para 2020 y 2021, 125 millones de pesos en obras que definitivamente van a generar mayor productividad y desarrollo social. Son 32 ejidos y 14 propiedades rurales. Estas obras van a iniciar ya a la brevedad. Por su parte la directora de la Comisión Nacional del Agua ponderó los peritajes de hidrología forense a través de especialistas contratados por Unesco, cuestión por cierto ajena a sus funciones. Indicó que se atendieron sus recomendaciones. Mientras el titular de CFE ponderó que la planta tiene la virtud de consumir gas y la CFE podrá aportar electricidad con la energía más limpia que existe en el país.

Ninguna referencia al gasoducto interestatal a las faldas del volcán. El broche de oro correspondió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien se refirió al impacto de inversión en Morelos del Programa de Mejoramiento Urbano que estará trabajando en 10 municipios, entre ellos, el de Cuautla; esto, en la zona inmediata a la termoeléctrica. La respuesta inmediata del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT) fue señalar que están vigentes seis suspensiones contra el PIM, detallaron los 15 amparos activos y como derecho de réplica solicitaron una hora de diálogo sobre el PIM en ese mismo espacio y con la presencia de representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuerte respondieron al plan en curso para dividir a las comunidades: Son cínicos de decir que se han reunido con los afectados, que se les están ofreciendo máquinas y apoyos para que acepten el proyecto, sólo se han reunido con la mesa directiva de Asurco, y eso se llama compra de conciencias, corrupción; no se han reunido con los afectados, se están reuniendo sólo con las cúpulas, con las directivas corruptas que desde el inicio han apoyado el proyecto a cambio de recibir dinero.

Concluyeron, el PIM es una afectación a pueblos indígenas nahuas por su gasoducto, por las dos termoeléctricas y el acueducto. Ciertamente no será en una mañanera donde se dirima lo que corresponde a la necesaria rearticulación del movimiento opositor y de sus estrategias jurídicas.

Quién se acuerda de la emblemática frase de Álvaro Obregón: Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. ¿Ahora sólo se dialoga?