Con el fin de abatir a la mitad la pobreza y la desiguldad, en México se requeriría canalizar al menos un billón 221 mil millones de pesos, monto cercano al que se destinará el próximo año al pago de pensiones, uno de los gastos ineludibles del gobierno federal.

Según una propuesta radical del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (Pued) de la UNAM, una transferencia libre de impuestos de mil pesos mensuales a cada mexicano supondría destinar 6.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2018 al combate de la pobreza y la desigualdad.

En 2018, el PIB fue de 18 billones 510 mil 288 millones de pesos. El equivalente a 6.6 por ciento de esa cantidad es un billón 221 mil 679 millones de pesos.

El Pued reconoce que es una cifra elevada, pero los resultados (abatimiento de la pobreza y la desigualdad) serían dramáticos; en la definición oficial, la pobreza extrema prácticamente desaparecería y la total se reduciría a la mitad con la salida de esta condición de más de 22 millones de personas.

Explica el estudio que el coeficiente de Gini, medida más usual de la desigualdad en la distribución del ingreso, bajaría de 0.47 a 0.38 puntos porcentuales, una magnitud nunca vista en México y en el rango de la que registran los países desarrollados. Supondría una transformación de gran trascendencia de la economía y la sociedad mexicanas, dice.

A partir de ese escenario extremo, se pueden moderar los costos –aunque también los resultados esperados– y el Pued presenta los cálculos para varios escenarios. Por ejempo, se puede pensar en una suma menor, en incluir sólo a mayores de 18 años o de 9; gravar ese ingreso adicional, de suerte que los grupos de mayores ingresos reciban menos en términos netos.

Los académicos piensan que, dada la urgencia actual, se puede iniciar de inmediato un programa de emergencia que, a su vez, se inscriba en las decisiones constitucionales de las Cámaras para el año entrante.

El análisis La urgencia de discutir una política de un ingreso ciudadano universal destaca que la desaparición de la pobreza es-tá en el horizonte de lo posible y las modalidades específicas son lo que hay que discutir.

Reconoce que un gasto de esta magnitud supone un esfuerzo fiscal al que debe comprometerse nuestra sociedad, so pena de incurrir en desequilibrios insostenibles.

Señaló que aumentar la carga fiscal global del país en 5 o 6 puntos porcentuales del PIB nos pondría apenas en el nivel promedio de América Latina y todavía lejos del promedio de la OCDE.

Recordó también, que la reforma de 2013 elevó dicha carga en más de 4 por ciento del PIB, lo que muestra que un salto significativo es posible, sobre todo si el compromiso es dedicar la tributación adicional íntegra a los propósitos enunciados, sin intermediarios y con transparencia absoluta.