La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo nueve amparos promovidos por autoridades federales y de Chihuahua, que buscan se les reconozca el carácter de víctimas en las investigaciones sobre el desvío de 5 mil millones de pesos del erario, que involucran al ex gobernador César Duarte Jáquez y a varios de sus colaboradores.

Con esta medida, las instancias promotoras del juicio piden la reparación del daño, lograr el acceso a las carpetas de investigación, así como a todos los procedimientos y diligencias judiciales del caso.

Entre los amparos, hay uno del gobierno estatal contra el fallo dictado al ex secretario de Finanzas del PRI en la entidad Pedro Mauli Romero Chávez, a quien un juez federal condenó a tres años y cuatro meses de prisión domiciliaria por delitos electorales.

La sentencia se derivó por la acusación de haber recibido 78 millones de pesos del erario estatal para financiar campañas de su partido político. El amparo impugna lo reducido de la sentencia, que le permitió cumplirla en arraigo domiciliario, además de que no incluyó la reparación del daño.

La SCJN también analizará otro amparo, promovido contra la decisión de la entonces Procuraduría General de la República, de no continuar investigando al ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, luego de que un juez de distrito determinó que Chihuahua no podía indagarlo en una pesquisa por peculado, pues se trataba de un asunto del fuero federal.

César Duarte, quien habría orquestado esas operaciones de desvío de fondos públicos, fue detenido en julio pasado en Miami, Florida, y está en espera de que se terminen los procedimientos legales a fin de ser extraditado para ser juzgado por delitos electorales y peculado.