Las autoridades ejidales de Tila, en la zona norte de Chiapas, desmintieron categóricamente acusaciones vertidas por Paz y Justicia y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa con relación a la violencia desatada en el ejido, antes cabecera municipal.

El citado comité acusó a los ejidatarios autónomos de ser causantes de dos asesinatos perpetrados el sábado, además de tres muertes el día anterior, y aludió que los ataques no guardan relación con el conflicto territorial de Tila, sino con los grupos delincuenciales de la región, cuyos líderes radican en el vecino municipio de Yajalón.

Además, ligó a los ejidatarios al grupo Paz y Justicia (del cual ahora se busca deslindar) y a los paramilitares de Santa Martha en Chenalhó, que llevan semanas agrediendo a las comunidades de Aldama, y que este fin de semana dejaron al menos tres heridos.

No obstante, las autoridades ejidales de Tila desmienten esas versiones difundidas en redes sociales donde directamente le echan la culpa a los hermanos ejidatarios de lo ocurrido el pasado 11 de septiembre, como sostiene de manera infunda el Comité Digna Ochoa.

Los habitantes de Tila apuntan que desde el 25 de agosto, un grupo de pobladores y avecindados comandados por Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, ambos del grupo de corte paramilitar Paz y Justicia, así como Mercedes del Carmen Bonifaz Gutiérrez, José Rodrigo, Adelaida Cruz de Santiz, los Martínez Parcero y Julio César Gómez son los actores de lo ocurrido, junto con otras personas ya identificadas.

Además, señalan que jóvenes contratados de la comunidad de Carrizal destruyeron los portones de control y vigilancia de la Asamblea General de Ejidatarios y bloquearon los accesos al poblado.

Todas las noches (recientes) se escuchaban ráfagas de armas de alto poder para intimidar a los ejidatarios en sus propias tierras, pero éstos “nunca salieron a responder, para evitar enfrentamientos.

El que incitó a la violencia en ese pasaje fue Eleasin Bárcenas, que empezó a disparar con una pistola y, en ese acto, mató a un ejidatario e hirió a otros, mientras los jóvenes que lo acompañaban empezaron a disparar también y los ejidatarios se replegaron al monte.

Ante los hechos, las autoridades ejidales sostienen que no dialogarán con personas asesinas a las que se debe aplicar la ley. Recordaron que la sociedad civil envió un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le solicitan que intervenga.

Denuncian que “están circulando audios con la voz de Braulio Martínez Parcero que incitan a la violencia, y difunden otros mensajes en los que revelan que están resguardados por personas del municipio de Yajalón, por lo que probablemente son del grupo armado del crimen organizado que comanda el sujeto conocido como Chorizo, que tiene antecedentes de secuestrador, y fueron empleados del Ayuntamiento municipal del trienio anterior del alcalde de Tila, Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez”.

Los ejidatarios agraviados lamentan las muertes de las personas de ambos grupos por culpa de Eleasin Bárcenas y de los jóvenes armados que continuaron la agresión contra los ejidatarios, por lo que exigen al gobierno federal el desalojo de estos grupos tipo paramilitares ajenos al ejido de Tila.