Las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, denunciaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal, con lo que está obstaculizando el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En conferencia de prensa, dos de las sobrevivientes de la tortura sexual, acompañadas por abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), informaron que el 8 de julio promovieron un amparo contra la fiscalía estatal, exigiendo que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR).

Argumentaron que corresponde la competencia al fuero federal sobre la totalidad de los hechos, ya que se trató de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres.

Recordaron que la sentencia de la CIDH acreditó que las víctimas sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado por funcionarios de ambos niveles de gobierno.

Stephanie Brewer, del equipo legal del Centro Prodh, recordó que hace casi dos años la CIDH emitió su sentencia y en septiembre de 2019 la FGR solicitó la atracción a la fiscalía estatal, pero ésta no contestó por casi ocho meses; fue hasta mayo de este año que dio respuesta, sin reconocer la competencia federal sobre el caso.

Italia Méndez, una de las víctimas, subrayó: No estamos dispuestas a ceder ni un milímetro de la aplicación y cumplimiento dela sentencia de la CIDH. Norma Jiménez, otra de las sobrevivientes, subrayó que pese a tener todo en contra, ellas continuarán en la lucha por la justicia, porque no se trata sólo de nosotras, sino de todas las mujeres del país que la buscan.

Las abogadas del Centro ­Prodh enfatizaron que la sentencia de la CIDH expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco.