n los próximos días los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomarán una de las decisiones más importantes en la historia de este órgano al resolver con respecto al partido político México Libre, del ex presidente Felipe Calderón. Los integrantes del tribunal serán recordados durante décadas por su decisión en este caso clave que implica un punto de quiebre para la democracia mexicana.
Calderón representa todo lo peor del viejo régimen. Llegó a la Presidencia por medio de un escandaloso fraude electoral en 2006 y su gobierno se dedicó a incendiar al país y robar a manos llenas. Al final de su sexenio, Calderón pactó con Enrique Peña Nieto su llegada a Los Pinos en 2012, a cambio de impunidad para el panista y apoyo para la candidatura de Margarita Zavala en 2018.
Pero la revolución ciudadana del 1º de julio de 2018 echó a perder la continuidad de este pacto mafioso. Si bien las trampas de Zavala permitieron que apareciera en la boleta electoral, el estrepitoso fracaso de su campaña le obligó a renunciar a su candidatura unas semanas antes de los comicios. Y la estruendosa victoria de Andrés Manuel López Obrador marcó un antes y un después en la historia electoral del país, ya que por primera vez en décadas fue reconocida la victoria del candidato elegido por la ciudadanía en lugar de por los poderes fácticos y los funcionarios electorales.
Hoy la dupla Calderón-Zavala pretende seguir agrediendo la institucionalidad democrática a partir de la creación de un partido que les dotaría de recursos cuantiosos, acceso garantizado a los medios de comunicación y un posible fuero parlamentario.
La mayoría de los consejeros del INE votaron en contra de otorgar registro a México Libre. Sin embargo, los argumentos ofrecidos al vapor y de último momento fueron sumamente débiles desde un punto de vista jurídico. Todo parece indicar que los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Jaime Rivera quisieron lucirse frente a la opinión pública, pero en realidad buscan que esta decisión sea revertida por el tribunal electoral.
Ahora bien, la integración del TEPJF sigue igual que en 2018. Son exactamente los mismos magistrados que aceptaron la candidatura de Zavala y también votaron en favor de regalarle su registro como candidato presidencial a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a pesar de que a todas luces no cumplía con los requisitos legales (véase: https://bit.ly/33iqpzZ). El entonces ponente del caso, el magistrado Felipe Fuentes, hoy incluso funge como el presidente de la sala superior del TEPJF.
Dos de los magistrados que avalaron la candidatura de El Bronco, José Luis Vargas e Indalfer Infante, ya tendrían que estar fuera del tribunal. En octubre de 2016 fueron electos por un periodo de únicamente tres años, hasta octubre de 2019. Ello de acuerdo con el artículo transitorio de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el fin de asegurar el escalonamiento en la renovación del TEPJF.
Sin embargo, de manera totalmente ilegal, la mayoría prianista del Senado realizó una modificación extemporánea del artículo transitorio después de que ya había sido aplicada y extendió cuatro años más los periodos de nombramiento de estos dos magistrados, hasta octubre de 2023. Esta modificación ilegítima también amplió dos años los mandatos de los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. Fue una acción similar al fraude a la ley cometido por el Congreso de Baja California para extender el mandato del gobernador Jaime Bonilla.
Ahora bien, a pesar de la debilidad de la resolución del INE, hay más que suficiente materia para sostener el rechazo al registro del partido de Calderón. Quizás la evidencia más patente es la falta de movilización ciudadana de parte de los supuestos afiliados a raíz de la decisión del INE. Los únicos que hoy protestan son Calderón, Zavala y un par de sus empleados y amigos.
¿Dónde están los más de 300 mil supuestos afiliados exigiendo al TEPJF el reconocimiento de sus derechos políticos?
Hay un extraño silencio que indica que en realidad este partido no existe materialmente, sino simplemente en la imaginación del ex presidente. Además, existen acusaciones graves con respecto a la utilización de recursos de procedencia ilícita, la concentración masiva de afiliaciones, el uso de recursos públicos y la participación de organizaciones ajenas en la formación del partido.
Los magistrados no deben limitarse a sólo revisar la estricta legalidad de la resolución del INE, sino recurrir a su plenitud de jurisdicción para realizar directamente las diligencias necesarias para verificar si este partido en verdad cuenta con el respaldo popular que dice tener. Es evidente que si los magistrados hacen este trabajo con responsabilidad, una labor que el INE de manera extraña se negó a hacer, quedará bien claro que México Libre simplemente no cumple con los requisitos legales.
