n un desayuno celebrado en Los Pinos con el entonces presidente José López Portillo para tratar problemas del sector agropecuario, uno de los asistentes se quejó de los males que causaban los huracanes. El ingeniero Francisco Merino Rábago, secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráhulicos, le explicó que los huracanes que llegaban por las costas del Pacífico, el Golfo y el Caribe, traían abundante agua para las 20 millones de hectáreas de agricultura de temporal. Además, llenaban las grandes obras hidráulicas para irrigar otras 7 millones.
Merino Rábago, cuya vida profesional estuvo ligada al sector agroecuario, añadió muchos otros beneficios, pero también dijo que muy buena parte de los daños que casionaban los huracanes en el campo y las ciudades se debían a la falta de planeación de la obra pública, a la deforestación; a permitir asentamientos humanos en los bordes de las cuencas hidrografícas o en áreas muy frágiles.
Si traigo a colación nuevamente el agua como tema del que me ocupé el lunes pasado, es porque, un día antes, Gabriel Zaid refirió en el diario Reforma algunos de los absurdos que distinguen al país en el manejo de tan vital recurso, y que también he referido en múltiples ocasiones. Zaid nos recuerda que la lluvia ha sido vista como una bendición por los grupos humanos. Refiere que los mayas, aztecas, zapotecas, olmecas, construyeron obras para beneficiarse de ella. Y ofrece con datos muy precisos un diagnóstico nada alentador sobre el manejo del agua en el país.
La mayor parte de la de lluvia no se capta a través de diversos sistemas tecnológicos en los centros urbanos y el campo; no se reutiliza para ciertas actividades; el servicio está subsidiado y sobrexplotados los más de 600 mantos acuíferos. En la cuenca de México se extrae del subsuelo mucho más líquido del que se le inyecta, lo que expone más la infraestructura urbana a los efectos de los sismos. En fin.
Marco Antonio Alcázar, que sabe del tema porque coordinó el Plan Chontalpa en Tabasco, urge a terminar con el subsidio al consumo de agua. Vive en Coyoacán y paga 100 pesos bimestrales por ella. Otro lector me indica que en el edificio de seis departamentos donde vive junto con otras 25 personas (Prolongación del Eje Lázaro Cárdenas) pagan al bimestre 15 pesos per cápita. En la colonia Condesa, el consumo alto se subsidia con 45 por ciento del valor real del servicio. Mientras, en Iztapalapa, escasea el agua y se abastecen con garrafones de 20 litros que cuestan 35 pesos. O por medio de pipas que cobran mil 500. Como en las escuelas y las oficinas públicas, hospitales y otros lugares el agua no es potable, la gente la adquiere en botellas que cuestan entre 10 y 15 pesos el litro.
Agreguemos el desperdicio de una tercera parte del agua que se inyecta a la red de distribución en, por ejemplo, las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara; los problemas técnicos y económicos de traerla de otras cuencas, como Lerma y Cutzamala; el mal uso que hacen de ella en muchos hogares y negocios; el que la más de la tercera parte de los 2 millones de viviendas de la capital del país no tengan medidor, y en decenas de miles que sí lo tienen, no funcionan.
En 1950 el secretario de Recursos Hidráulicos era don Eduardo Chávez y pugnó por establecer en la cuenca de México pozos de absorción del agua de lluvia para recargar el acuífero, en esa época ya sobrexplotado. En varios periódicos lo tildaron de loco. En tiempos del regente Manuel Camacho, se informó que de 10 pesos que costaba llevar agua a los hogares, en promedio apenas pagaban dos. Para mejorar la red de distribución y abastecer a miles de hogares que no recibían agua, se planteó la conveniencia de eliminar el subsidio y desalentar su mal uso con tarifas elevadas. La propuesta se desechó por no convenir políticamente.
Hoy lo políticamente correcto debe ser aprovechar al máximo el agua que traen los huracanes y la de las cuencas hidrográficas. Utilizarla racionalmente en el campo, la industria y las ciudades. Terminar con el desbarajuste institucional que existe en torno a tan vital elemento con una ley general de aguas que responda a las necesidades actuales y futuras del país. Y que se cumpla. ¿Acaso el actual gobierno y el Poder Legislativo no prometieron evitar los errores del pasado? ¿Que todo sería diferente y en bien de México? ¿Tan pronto lo olvidaron?
