Acapulco, Gro., Unos 400 prestadores de servicios de las playas Icacos, Caleta y Caletilla, así como de la isla La Roqueta, se manifestaron este domingo en la avenida Costera para defenderse de una acción insensible del gobierno, que quiere aplicar un ordenamiento con la ley del garrote”, y exigir a la alcaldesa Adela Román que informe sobre el destino de 70 millones de pesos recaudados en la zona federal marítima-terrestre (Zofemat) del puerto durante 2019.

En la movilización participaron trabajadores que rentan sombrillas y equipo para deportes acuáticos; vendedores de artesanías y alimentos, masajistas y peinadoras, así como lancheros y concesionarios de embarcaciones de fondo de cristal, entre otros miembros del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos de la Zofemat acapulqueña.

Los inconformes, quienes además limpiaron la franja de arena, desmintieron haber concretado acuerdos con el ayuntamiento después de que desalojó a concesionarios y cooperativistas de las playas Suave y Papagayo desde el 17 de julio, como parte de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Hipólita Aurora Olmedo, representante de comerciantes de playa, reprochó que Román no ha devuelto el mobiliario destrozado durante los desalojos y advirtió a la alcaldesa que no le permitirán burlarse de la gente trabajadora.

Arturo Pantoja, presidente de la Sociedad de Cooperativas en Vanguardia por el Estado de Guerrero, cuestionó el doble rasero con que la autoridad municipal pretende reordenar el litoral de Acapulco.

Agregó que a dueños de condominios y hoteles de las zonas Dorada y Diamante se les permite bloquear los accesos a franjas de arena e impedir el paso libre, mientras a familias que viven del comercio y la prestación de servicios se les destruyó su patrimonio y las echaron de las playas Manzanillo, Suave, Hornos, Papagayo, Golfito y Carabalí. Por ello, Pantoja demandó piso parejo para todos. La ley le marca que debe haber libre tránsito.