laro que no se puede reconocer una oportunidad si no se reconoce lo que se quiere. Esto, a propósito del descubrimiento oficial del mal que representa la llamada comida chatarra para la salud de la población en general. Lo malo es que aun si muchos lo sabíamos ya hace decenios y la desterramos de nuestro consumo personal y familiar, fuimos demasiado pocos para lograr empujar las políticas adecuadas y servir oportunamente a nuestros compatriotas. Respecto a mí, puedo asegurar que tanto en mi restaurante mexicano en París como el de especialidades francesas que puse en México (14 años entre ambos) no he vendido ningún tipo de refresco, no uso azúcar refinada en mi cocina ni tampoco un solo producto que contenga glutamato monosódico o sospeche que proviene de cultivos con agroquímicos o de crianza con hormonas. Celebro que ahora el tema y su gravedad estén en el centro de las preocupaciones sociales y gubernamentales. Felicito a los incansables impulsores del etiquetado honesto y visible. Pero lamento que las fuerzas políticas hayan despertado sólo ante el desastre causado por la pandemia del Covid-19 con un efecto letal mayor que en los países donde la población no se alimenta, como en México, de productos chatarra.

Y, en este punto, también lamento que la Ley General del Derecho a la Alimentación, asegurado en el párrafo tres del artículo 4 constitucional: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará, no haya sido decretada hasta la fecha, pese a que el último proyecto, trabajado a lo largo de más de un año con la LXII Legislatura (2012-2015) por una comisión oficial, bajo la dirección de la diputada Gloria Bautista Cuevas, y con asesores civiles entre los que me encontré con entusiasmo, no haya prosperado, ni siquiera con eventuales enmiendas. ¿Qué asentamos en ella para que fuera aplazada? Sin duda, el lobby de la agroindustria alimentaria se encontraba protegido, pero entró la 4T y seguimos esperando…

En cualquier caso, si en sus últimos suspiros la presente Legislatura decidiera sacar dicha ley del cajón, aprovechando la oportuna sensibilidad presente ante el tema, insistiríamos en que se le dé una última revisión para integrar las palabras en itálicas siguientes: “… a la alimentación … de buena calidad y conforme a la cultura de cada quien”. Así como añadir la mención al derecho al agua apta para cocinar”, en vez de darse por sobreentendida en el párrafo sexto del mismo artículo 4.

Y, si no fuera mucho pedir, quisiera se incluya un léxico apropiado al discurso alimentario, para en vez de escribir chatarra intraducible a otro idioma, se quedara comestible, aplicable a todo lo que se puede comer, pero que no es necesariamente alimenticio. En fin, una redacción cuya interpretación fuera gramatical. Así evitarían los litigantes las lecturas interpretadas según el criterio personal de jueces no siempre lúcidos. Iniciativa de esta tecleadora, a la que se opuso inexplicablemente el connotado luchador Francisco López Bárcenas. El texto debe estar ahí, esperando la oportunidad.

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