na porción definitoria de la pelea política (y electoral) relacionada con las denuncias de Emilio Lozoya Austin se traslada a la arena netamente judicial. Más allá del dicho de un ex funcionario altamente corrupto, que ahora delata a sus presuntos cómplices en espera de un enorme aligeramiento de castigos contra él y su familia, de la credibilidad o no que merezcan sus supuestas delaciones y del alto impacto me-diático y político que éstas tengan en lo inmediato, el conjunto narrativo del ex director de Pemex queda a disposición de un Poder Judicial federal que ha tenido malas calificaciones históricas, sujeto siempre a presiones de diversa índole, no sólo las provenientes del ámbito político o presidencial.

La aparatosa relatoría hecha por el ex director de Pemex contra 17 políticos, ex legisladores o funcionarios públicos y una periodista, varios de aquellos de primer nivel en el tinglado institucional tradicional, ha llevado a deslindes retóricos que suelen ser casi obligados en estos casos, pero también y, sobre todo, a su disposición a recurrir ante los jueces.

El manejo político y mediático del caso Lozoya ha instalado, desde ahora, firmes indicios de violación al debido proceso judicial, parecería con una intención clara de privilegiar la difusión de las redes de criminalidad política, aunque el juglar colaborativo quede exento de castigo verdadero alguno. Ha sido abierta la intrusión del Presidente de la República, en sus conferencias matutinas de prensa, en terrenos que la Fiscalía General de la República debería mantener bajo celosa reserva. A fin de cuentas, en Palacio Nacional se prefiere la exhibición de una parte muy demostrativa de la corrupción nacional por sobre los detalles de una legalidad que, por otra parte, ha sido usada con frecuencia en administraciones anteriores para proteger a esos mismos corruptos.

Otro punto delicado a considerar es el de la probidad de los poderes judiciales, en particular el federal. Las reformas que cocina el morenaobradorismo no afectarían a los infractores apenas denunciados ahora por la vía de Lozoya. Así que las denuncias del ex titular de Pemex serán resueltas por un entramado judicial altamente corrupto, en cuya conformación de élites han participado el zedillismo, el panismo (sobre todo, Diego Fernández de Cevallos, cultivador de nombramientos propicios para sus negocios) y poderes criminales varios, no sólo políticos sino también del crimen organizado.

Un ejemplo de estos avatares se ha producido en el caso de un secretario de juzgado federal que, al estar en funciones de titular, emitió una resolución que ampara a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, para evitar la detención que ya cumple en España, en espera de ser extraditado. Ayer mismo, el Consejo de la Judicatura decidió suspender seis meses a ese secretario de juzgado, Amós José Olivera Sánchez. La pregunta de fondo reside en saber si el ánimo obradorista busca castigo real en el caso de la venta de Agronitrogenados, que implica a firmas del consorcio de Ricardo Salinas Pliego, o solamente un resarcimiento económico que podría ser notablemente menor al daño realmente causado.

En otro tribunal, el federal electoral, se ha decidido que Morena debe elegir a su nueva dirigencia nacional mediante una encuesta abierta, que incluya a personas que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena, dado que carece de certeza y confiabilidad el padrón oficial de este partido. El Instituto Nacional Electoral debe encargarse de realizar esa encuesta, según mandato de los magistrados electorales. Todo ello en el contexto de una enconada pelea entre grupos que buscan el control morenista.

Y, mientras familiares y amigos impidieron en Chilpancingo que agentes federales detuvieran a una hermana y un cuñado de José Luis Abarca, quien era presidente municipal de Iguala cuando la desaparición de 43 estudiantes y por ello está preso, ¡hasta el próximo lunes!

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